Imprimir
Los
resultados que se desprenden de la Operación Púnica, que por ahora
es un trabajo inacabado de la Policía Nacional, nos ha dejado como
si dijéramos alelados, con cara de ingenuos y cabreados. Ahora más
que nunca coincidimos en la justificada y urgente necesidad de que la
democracia decida entrar en acción e imponga nuevos y más duros
controles a todo lo que tenga relación con el dinero público, desde
el uso que hacen los que poseen tarjetas de colores hasta los que
ponen la mano después de permitir que los corruptores hagan y
deshagan como les conviene a sus intereses y, de hecho, sean los que
de verdad controlan los ayuntamientos en los que residen los
corrompidos. Y no solo esto, porque se deberá ir más lejos y
aprobar por unanimidad la devolución íntegra de lo robado. Por el
momento, las penas de cárcel que se les suelen imponer a estos
desalmados son mínimas, a lo que si le añadimos que pueden salir de
la prisión cuando solo han cumplido unos meses, y que no han
repuesto el dinero sustraído, comprenderán ustedes que eso de
quedarse con lo que no es de uno sale realmente barato en nuestro
país, por no decir que regalado.
Por
el momento, y que conste que no nos esperábamos otra cosa, nuestros
gobernantes nos hablan de pactos, de leyes de transparencia y otras
sandeces que solo pretenden ralentizar el trabajo de policías y
jueces. Mientras, pues yo lo están viendo, los imputados saliendo y
entrando en los juzgados, enfrentándose a las preguntas de los
magistrados y volviendo a salir sonrientes, como si no hubieran roto
un plato en su vida. Es más, la detención del señor Granados, la
del conseguidor Marjariza y la del presidente de la Diputación de
León ha sido como una brisa de aire fresco que ha renovado el
ambiente y que permite a la ciudadanía pensar que no todo está
perdido. Lo deseable y parece que más compartido es que los sumarios
no se eternicen, como sería el caso del Gürtel, que arrastra seis
años desde que conocimos lo de los trajes del entonces presidente de
la Generalidad valenciana, el señor Camps.
Por
el momento, el tiempo juega a favor de los corruptos, y más cuando
comprobamos que se les permite volver a sus domicilios o despachos y
quitar de en medio todas las pruebas que les incriminen. Dar tiempo a
quienes se han dedicado a manejar millones de euros obtenidos
fraudulentamente es lo mismo que proporcionar una pistola a un
desequilibrado. Un ejemplo con lo corrobora es el asunto de la
familia Pujol, el hasta hace poco honorable presidente del gobierno
catalán, que debe estar invirtiendo en abogados lo que no está
escrito, pero que por el momento le va fenomenal. De otra forma no se
entiende que un hijo suyo que no ha cumplido los cuarenta años le
comprara al banco de Santander todas sus oficinas, que superan las
dos mil, y necesitando para ello más de dos mil millones de euros.
Si cuando la policía entra en su domicilio y encuentra escasas
pistas y menos pruebas de los movimientos económicos de este genio
de las finanzas, es lo menos que podía esperarse. Ya ocurrió con la
sede del Partido Popular, que se visitó judicialmente tarde y mal, o
la vivienda del señor Bárcenas, que finalmente ni siquiera no se
produjo.
Nuestra
posición sigue siendo la misma que desde el principio: respetar las
decisiones judiciales y esperar a que el peso de la ley caiga sobre
ellos con firmeza y no menos contundencia. A todo esto, ¿qué
movimientos estarán desarrollando ante el Consejo General del Poder
Judicial los representantes de los partidos políticos implicados en
casos de corrupción? Si se parece al que desarrolló en su día el
señor Trillo en la primera etapa del caso Bárcenas, muchos de los
suyos quedarán limpios. Y si alguien no lo cree, tiempo al tiempo.
