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Cuando
se insiste, especialmente desde fuera de nuestras fronteras, que
España es diferente, no van descaminados. Y no tanto por la sangría,
la paella o los tablaos flamencos y sí por las especiales
características implantadas para desenvolvernos, por ejemplo, en
política. Estos días estamos conociendo, cada día con más
detalles, el asunto de los viajes del presidente de Extremadura, José
Antonio Monago, y, aunque menos mediático, el del también diputado
por Teruel por el Partido Popular, Carlos Muñoz, que se ha visto
obligado a dimitir luego de que se conocieran los viajes realizados a
Tenerife, también a Canarias, como el presidente extremeño, los dos
últimos años y con cargo al Congreso, y lo que es muy llamativo,
los dos políticos para verse con la misma mujer. La expulsión se ha
basado en un detalle que no siempre se tiene en cuenta por parte de
la clase política y es que pueden ser legales algunas de las
acciones que protagonizan, pero es evidente que no éticas. El señor
Monago, que este fin de semana rompió a llorar cuando sus compañeros
le dedicaron grandes aplausos y gritos de ¡presidente!,
¡presidente!, ha dejado claro que se trataba de viajes de trabajo,
aunque este detalle ha sido desmentido por sus compañeros de partido
en Canarias, que aseguran que solo en algunas ocasiones se había
dejado ver por el partido, pero sin comisión de trabajo. Como no
podía ser de otra forma, el trabajo periodístico ha sido el que ha
sacado este turbio asunto a la luz y al día de hoy sabemos,
repetimos, de la existencia de una mujer que parece ser mantenía
relaciones con ella está en medio de la justificación de los
desplazamientos a Canarias.
Paralelamente,
en la sociedad se han instalado serias dudas sobre los procedimientos
que se siguen por parte del Senado y el Congreso con respecto a las
asignaciones económicas que disfrutan los integrantes de ambas
cámaras, según los cuales no tienen obligación ninguna de
justificar sus gastos. De entre otros, si no residen en Madrid,
cuentan con más de mil ochocientos euros al mes para vivienda,
ciento veinte euros de dietas diarias si viajan por España y ciento
cincuenta si lo hacen al extranjero, y doscientos ochenta euros para
dedicarlos a taxis. Por supuesto, siempre viajan en primera o vip, ya
sea en tren, avión o barco sin que tengan que abonar los
billetes y, repetimos, reciben este dinero lo gasten o no sin
necesidad de justificarlo. Por el momento hemos conocido el caso del
presidente extremeño y el del congresista del Partido Popular por
Teruel, pero convénzanse de que en tromba o poco a poco iremos
conociendo casos de corte parecido, porque es el propio sistema el
que invita al engaño. Como se ha ideado por ellos mismos, como son
ellos los que se marcan las dietas y los sueldos, entenderán ustedes
que hayan hecho todo lo posible por ponérselo fácil. Así, ¿quién
puede eludir mejor que nuestros representantes en el Congreso y en el
Senado los asuntos que nos puedan parecer turbios?
En
cuanto al sí o al no sobre que los diputados y senadores den
explicaciones a las Administraciones del Congreso y el Senado, está
claro que, al tratarse de dinero público, de nuestro dinero, no cabe
ninguna duda cuando de reclamar en qué se invierte sea conocido por
la ciudadanía. Y no debe caber ninguna duda también sobre esta
obligación, que deseamos se apruebe cuanto antes la norma legal que
obligue a las partes a dar todos los detalles necesarios que demanda
una situación tan absurda como ilegal. El dinero de todos exige que
todos también sepamos dónde se invierte y cómo. Cualquier otra
teoría debería pasar ineludiblemente por el filtro de la cordura y
el buen gobierno.
