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El 28
de diciembre de este año se cumplirán los diez primeros años de la
entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. A lo largo de estos años,
757 mujeres han muerto asesinadas, datos de los que no dispondríamos
si no fuera por la existencia de esta ley, lo mismo que ocurriría
con los juzgados que se dedican específicamente a este tipo de
conflictos. Sin embargo, después de diez años, los expertos están
de acuerdo en que necesita mayor desarrollo y una dotación
presupuestaria suficiente para obtener mayor efectividad. Los últimos
años, el
número de mujeres que tras denunciar renuncian finalmente a
continuar con el proceso penal no deja de aumentar, al mismo tiempo
que se reduce el número de dispositivos telemáticos, las órdenes
de protección o el de las sentencias condenatorias.
Y todo debido a que el presupuesto que el Estado dedicaba a esta
tarea ha descendido en un treinta por ciento en los tres años
últimos, incluyendo el dinero previsto para la violencia de género.
Las
más de cien organizaciones no gubernamentales que han presentado a
los diputados un informe denunciando que el Partido Popular
concurrirá a las elecciones del año próximo con “tacones y
maquillaje”, basan su argumentación en que el dinero que se
destinará a Igualdad y Violencia de Género representa solo el 0,01
por ciento del presupuesto total y que dicha cifra es insuficiente
para suplir el recorte de los ayuntamientos, que han tenido que
cerrar casas de acogida y centros de la mujer. Y este es sin más el
gran defecto de la ley en vigor: que no hay dinero suficiente para
desarrollarla en su totalidad. La ley es bastante completa, pero
siempre que se han tenido en cuenta las medidas que necesitaba. En un
tiempo se tuvieron casas de acogida, posibles convenios laborales con
empresas y ayuntamientos para contratar a mujeres maltratadas, una
renta mínima de inserción, etc. Ahora, con
los recortes impuestos por el Estado, ya no existen tantos recursos
para que las mujeres que denuncien tengan asegurado el día después.
De
acuerdo con la opinión de las expertas que han valorado los diez
años de la implantación de la ley, lo primordial es reforzar
la formación específica de todos los agentes implicados
en detectar un posible maltrato y guiar después a las víctimas de
violencia de género. O sea, personal sanitario, asistentes
psicosociales, policías y jueces, entre otros. Por lo mismo,
coinciden unánimemente en que las mujeres tienen que confiar en las
instituciones, confiar en que las pueden proteger para
que de esta forma se animen a denunciar.
Por otra parte, el mito de
las denuncias falsas, que tanto daño ha hecho y hace a las mujeres
realmente violentadas, es solo eso, un mito, ya que no representan ni
siquiera el 0,1 por ciento de los casos. A pesar de tanto
contratiempo y de la inmensidad de cortapisas legales con las que se
encuentran las mujeres por el camino una vez denunciado su caso, un
72,2 por ciento consiguen salir del maltrato.
Lo
dijimos el pasado martes con motivo del Día Internacional de la
Violencia contra la Mujer y lo repetimos ahora: las leyes necesitan
ser desarrolladas para que su eficacia sea percibida, como en este
caso, por las mujeres envueltas en asuntos de malos tratos. Casi
ochocientas mujeres asesinadas en diez años debería hacernos
reflexionar a todas y todos, pero muy especialmente a los
gobernantes, que son los únicos que pueden activar o todo lo
contrario aportando dinero para que se cumplan los parámetros que la
ley propuso en su día para evitar lo que vivimos casi a diario. Solo
en lo que va de año, cincuenta mujeres han sido asesinadas y aún
queda diciembre.
