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La
tendencia al alza de los desahucios que se controlan en toda España
nos da una idea muy aproximada de una realidad que por el momento ha
puesto en la calle a miles de familias. Los desahucios registrados
hasta el momento, concretamente hasta septiembre de este año,
confirman que no solo se trata de pisos o viviendas, sino que van más
lejos y también se producen en naves industriales. Pues bien: ha
aumentado en un poco más de un siete por ciento en el trimestre que
va desde julio a septiembre si lo comparamos con el año pasado. Así,
los datos oficiales contrastados aseguran que éstos alcanzaron
13.341. Los datos los aporta el Consejo General del Poder Judicial,
por si existen dudas al respecto y alguien cree que tratamos de
intoxicar o de exagerar los datos con fines dañinos. Los números
son los que son y los casos detectados, que es lo que en realidad
importa, es que miles de personas se han visto despojadas de lo único
que poseían porque no han conseguido alcanzar un acuerdo con la
entidad bancaria que les hipotecó el piso. Es evidente que lo de la
dación en pago, lo de las denuncias y llamadas de atención
provenientes de la Comisión Europea y los gritos de las personas que
se oponen frontalmente a que se eche a la calle a nadie, sirven de
bien poco.
De
estos desahucios, y ahora entramos en detalles, más del cuarenta y
tres por ciento fueron derivaciones de ejecuciones hipotecarias, una
causa que se incrementó en este período en un veintidós por
ciento. Un cincuenta y uno por ciento tuvieron sus razones en la
aplicación de la Ley de Arrendamientos, que fue lo que les hizo
aumentar nada menos que un cuatro por ciento; el cinco por ciento
que nos queda se debió a razones que no han sido especificadas. En
cuanto a las comunidades autónomas que más afectadas se han visto,
Cataluña está a la cabeza de la estadística con el veintidós por
ciento de los casos. Detrás, la comunidad valenciana, que congrega
el dieciséis por ciento de los desahucios; le sigue Andalucía, con
casi un dieciséis por ciento, y Madrid, que sumó un once por
ciento. En el informe del Consejo General del Poder Judicial se
incluye el número de desahucios solicitados a los servicios comunes
de notificaciones y embargos, que alcanzó los 13.342, cifra que
significa un seis por ciento menos. De entre éstos, con cumplimiento
positivo acabaron 8.851, un veintitrés por ciento más. El informe
anota, no obstante, que estos datos solo sirven para controlar la
evolución de los desalojos pedidos, pero no informan sobre valores
absolutos, puesto que los servicios comunes de notificaciones no
existen en todo el país.
Lo
que sí hemos podido apreciar en este informe es que la estadística
judicial refleja que en el tercer trimestre de 2014 se iniciaron
16.767 ejecuciones hipotecarias, un uno y medio por ciento menos
respecto al mismo período del año anterior. El número más elevado
lo registró nuestra comunidad, con 3.783 procedimientos iniciados,
cifra que significa el veintidós y medio por ciento del total
nacional. Detrás, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. Con
todo, si observamos el movimiento de los desahucios en nuestro país
a lo largo del año, debemos destacar los aumentos que se han
detectado en Extremadura, con nada menos que un más cuarenta y seis
por ciento, y Baleares, con más cuarenta y cinco por ciento. Aragón,
Murcia y Asturias les siguen, aunque con aumentos menos
significativos.
En
definitiva, que todo parecía indicar que los desahucios serían
controlados por el Estado, que para eso se comprometió ante la
ciudadanía y la propia Comunidad Económica, y que finalmente todo
sigue igual, o peor de acuerdo con las cifras que acabamos de darles
a ustedes.
