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Las personas que por aquellos años
cayeron en la trampa que le tendieron desde Bankia, convencidas de
que adquiriendo acciones de esa entidad presidida por Rodrigo Rato,
expresidente del Fondo Monetario Mundial y exministro del Gobierno de
José María Aznar, que incluso llegó a rechazar la candidatura para
ser presidente del Gobierno y que durante años ostentó el título
del ministro del milagro económico español, no solo apoyarían la
idea de hacer más grande a esta caja de ahorros, sino que
conseguirían unos beneficios muy por encima del resto de la oferta
del mercado. Compraron acciones, por tanto, convencidos de que se
trataba de una buena y segura inversión, pero se equivocaron; o los
engañaron, que es más real si tenemos en cuenta lo que al final ha
resultado luego de la salida a Bolsa de la entidad. Quiénes les iban
a decir a las partes ahora enfrentadas, los accionistas y los
consejeros, que se verían las caras a las puertas de la Audiencia
Nacional en Madrid con los pequeños ahorradores gritándoles con
todas sus fuerzas que son unos golfos y unos mangantes. Casi
todos los allí congregados son jubilados que portan pancartas en las
que podíamos leer frases como “Dónde está nuestro dinero” o
“Justicia ya”, añadiendo a sus gritos que han arruinado a miles
de familias. ¿Quién les iba a decir a estos exconsejeros que se
verían en semejante situación, que serían defenestrados
socialmente con calidad de chorizos y de baja calidad?
No
obstante, que nadie crea que los imputados se han venido abajo y han
confesado su culpa. Al contrario, han elegido diferentes estrategias
para su defensa, aunque todas coinciden en que son inocentes. José
Antonio Moral Santín, exvicepresidente de la entidad por Izquierda
Unida, asegura que el dinero de las tarjetas era un paquete
retributivo exento de tributación; para otros eran gastos de
representación por su condición de consejeros. Solo cuatro de los
diez imputados justificaron a ojos del fiscal los gastos
derivados de sus actividades en el cargo. Pedro
Bedia, exconsejero de Comisiones Obreras, le ha dicho al juez de la
Audiencia que, en alguna ocasión, le llamaron de Caja Madrid para
animarle a gastar el dinero que le habían asignado. Sus gastos
sumaron casi ochenta mil euros. A Juan José Azcona, también de
Comisiones Obreras, no le han solicitado fianza por el dinero que
gastó al entender que sus gastos se ajustan a la función
social de consejero. Rodolfo Benito, del mismo sindicato, gastó
ciento cuarenta y seis mil euros y tampoco le han pedido fianza.
Para
que se hagan ustedes una idea de cómo se las gastaban algunos de
estos consejeros, sepan que entre José María Arteta y Ramón
Espinar, ambos del PSOE; Gerardo Díaz Ferrán, entonces
presidente de la CEOE; Gonzalo Martín Pascual, de UGT; Guillermo
Marcos, de Unipyme, e Ignacio de Navascués, de Confederación de
Cuadros, se gastaron de las tarjetas negras o “black” nada menos
que ochocientos mil euros invertidos en caprichos personales y muy
alejados de los gastos de representación que se supone que debían
cargarse en estas cuentas. Y los hemos elegido al azar para evitar
extender el comentario de hoy. Eso sí, sabemos que representan solo
a algunas de las partes, porque faltan otros personajes del mismo o
parecido rango. Lo que sí conseguimos con esta representación es
aproximar a una realidad sangrante a quien nos lea o escuche con un
objetivo concreto: que empaticen con las personas que vemos en las
imágenes televisivas reclamando lo que es suyo, que a su vez se unen
con los preferentistas arruinados por la misma causa, es decir, por
el engaño que desde la cúpula de esta entidad se puso en
circulación y que a muchos de ellos les ha supuesto la ruina
personal, porque eran todos sus ahorros.
