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Un
amplísimo grupo de abogados, catedráticos, juristas, sociólogos y
economistas, entre otros, se han unido para poner a disposición de
quienes se interesen, una serie de medidas viables que van
directamente en contra de la corrupción. Prohibir a los imputados
que sigan ligados a la política en cualquiera de sus vertientes o
limitar a más de la mitad los cargos públicos son algunas de las
ideas que proponen, especialmente a los partidos políticos, para que
sean ellos los que las mejoren o las incorporen directamente a sus
estatutos y programas. La finalidad: reducir el actual descontento
que se percibe entre la ciudadanía con respecto a la corrupción.
Así lo ha dicho José María Tomás y Tío, presidente de la sección
segunda de la Audiencia de Valencia y presidente de la Fundación por
la Justicia, que es la que patrocina estos planteamientos. En
concreto, son noventa y nueve medidas o propuestas las que han dado a
conocer y todas en contra de la corrupción, y con el objetivo de que
se consolide un observatorio o un foro ciudadano desde el que
analizar, denunciar y erradicar la corrupción, que, según estos
profesionales, actualmente está en niveles muy altos, llegando al
menos hasta el seis por ciento del producto interior bruto en todo el
mundo.
Si
entramos en detalles y vemos las medidas que entienden
imprescindibles para mejorar la situación de corrupción en nuestro
país, vemos que la mayoría se
dirigen a la Administración pública proponiéndole una reducción
significativa de los cargos, concretamente a ciento cincuenta mil y
no los más de quinientos mil existentes en este momento, al tiempo
que se limita el número de personas designadas por los partidos
políticos y optar por contratar a funcionarios de carrera. Por
supuesto, no faltan dos medidas de gran calado: que los interventores
ejerzan sus funciones con absoluta minuciosidad e incrementar la
transparencia de todas las actuaciones. En
cuanto a la Administración local, es decir, a los ayuntamientos,
avisan de la inevitable necesidad de tener representantes políticos
preparados, aunque sea mínimamente, en el funcionamiento de la
administración y comprometidos en el servicio público, al tiempo
que conseguir una formación continuada o endurecer el régimen de
responsabilidad tanto de los funcionarios como de los políticos en
relación a su gestión.
Destacamos
también el tema de los aforamientos, tan vigentes en estos momentos,
para los que proponen atribuir la
instrucción de todas las causas, incluidas las que afecten a los
aforados, al juez instructor ordinario; clarificar la competencia en
caso de causas que afecten a múltiples imputados, aforados y no
aforados; prohibir la posibilidad de cambiar de juez instructor o
tribunal en caso de que la persona imputada o acusada deje de estar
aforada y viceversa. En cuanto al
apartado de las propuestas, lo dirigen directamente a los partidos
políticos, abogando por ir hacia sistemas de listas abiertas que
rebajen el poder de las cúpulas de los partidos; limitar el tiempo
de permanencia en los cargos públicos a cuatro u ocho años;
incorporar la responsabilidad civil de los políticos en la gestión
de los recursos públicos, e introducir la responsabilidad política
en los estatutos de cada formación. De este mismo apartado de
sistema de partidos, destacar que también han apostado por reducir y
limitar los gastos electorales, como el acortamiento de las campañas
o el fomento de espacios gratuitos en los medios; limitar los gastos
ordinarios; o presentar por parte de los partidos los estados
financieros de toda la organización.
Finalmente,
apuestan por implantar una tasa especial del cinco por ciento durante
un tiempo a todas las ventas que realicen en la Unión Europea las
empresas que hayan sido declaradas corruptas, implicando a los
servicios secretos en la detección de los corruptos y crear un
registro europeo de acceso libre con las empresas y personas
corruptas. Así mismo, abogan por que los condenados por corrupción
no puedan tampoco pedir subvenciones, modificaciones o ayudas del
sector público.
