Somos
conscientes de que hoy, también, predicaremos en el desierto; que
nuestro comentario pasará hoy, también, desapercibido para muchos
de ustedes. Pero nos da igual. Lo que no estamos dispuestos es a
dejar pasar, por enésima vez, que delante de todos nosotros, a solo
unos kilómetros, se produzcan desahucios y permanezcamos en
silencio. Porque es injusto, porque es ilegal si nos atenemos al
mandato de la Unión Europea y porque ya está bien de que siempre
sean los mismos los que paguen la crisis que ellos no han generado y
que los beneficiados finales sean los bancos, algunos de ellos
rescatados con nuestro dinero. Debemos recordar aquí que ninguno de
los miles de desahuciados en nuestro país, que, por cierto,
aumentaron casi un trece por ciento el año pasado, lo fueron porque
no querían pagar las cuotas de la hipoteca, sino porque no tenían
trabajo. Y precisamente en este detalle encontramos la diferencia, en
que ellos y ellas no habían sido, hasta quedarse sin empleo, malos
pagadores; al contrario, puntuales y fieles.
La
historia es que esta semana, en Jaén, se van a producir nada menos
que tres desahucios y que, entre las personas que se verán en la
calle y sin lugar en donde cobijarse, se encuentran niños. Se han
convocado manifestaciones, concentraciones a las puertas de los pisos
a desalojar y todo tipo de declaraciones afirmando intenciones, pero
por el momento, y les prometemos que este asunto lo hemos seguido con
preocupación e interés, no hemos detectado, ni en la Iglesia ni en
la política, ni en Administraciones ni en poderes de ningún tipo,
apoyo mínimo hacia quienes tienen un negro futuro por delante. Queda
claro, por tanto, que nuestra provincia ha demostrado en varias
ocasiones sus verdaderas posibilidades con respecto a los problemas
de los demás, pero que esta vez no será posible y que solo quedarán
en la defensa y en la retaguardia los habituales, los que se apiñan
en las asociaciones en contra de los desahucios que nos encontramos
en el camino, tanto de ida como de vuelta. La realidad de los
desahucios en nuestro país, lo que conocemos como desalojos
judiciales de la vivienda habitual ocupada, es que todos responden a
que los propietarios no han abonado el pago mensual de la hipoteca
que firmaron con el banco y que hasta ese momento les permitía
disfrutar de un techo en el que cobijarse. Lo que sabemos es que a lo
largo del año pasado éstos aumentaron por encima del veinte por
ciento y que se han producido a pesar de la nueva ley hipotecaria en
vigor, que pretendía reducir los desahucios, o al menos eso es lo
que nos contaron.
Con
toda la intencionalidad de la que son capaces los responsables
políticos, no contamos con datos reales o fiables que nos sitúen
con total contundencia en el centro del problema de los desahucios en
España. Si nos atenemos a los que aportan notarías y registros de
la propiedad, son exageradamente altos, quizá porque incluyen no
solo pisos, sino locales, solares por construir y segundas viviendas.
Sin embargo, como dato algo más fiable, a finales de 2012 los
desahucios superaron los ciento setenta mil. En junio de 2013 fue el
mismísimo Gobierno de España el que afirmó que se produjeron las
siguientes ejecuciones: en 2006, 16.097; en 2007, 17.412;
en 2008, 20.549; en 2009, 37.677; en 2010, 54.250; en 2011, 64.770;
en 2012, 75.375. A finales de 2013, 198.116. Para el Consejo General
Poder Judicial, en el primer trimestre de 2013 se
ejecutaron 19.468 desahucios, es decir, una media diaria de 216. El
Banco de España también se pronunció y nos dijo, en referencia al
año 2013, que habían subido significativamente los desahucios.
Como
ven en ustedes, señoras y señores, el asunto de los desahucios se
resume en cifras escandalosas. Pero queda solo en eso. Mientras, las
personas que los padecen son los que de verdad saben del problema y
sus consecuencias.