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Desde que el ciudadano cayó en la cuenta de que en tiempos electorales es cuando más y mejor atienden sus demandas o reclamaciones sobre las carencias de su barrio o entorno, el grifo no para y les podemos asegurar que es cuando más debe entregarse el candidato a atender lo que les llega desde todos los frentes. Y no siempre de buena gana, porque entenderán que el demandante lo que espera es ser entendido y atendido de manera inmediata. Por otra parte, cuando los tiempos son los que son y las necesidades de la mayoría de los ciudadanos pasan obligatoriamente por un puesto de trabajo o ayuda de cualquier tipo que les permita sobrevivir y sobrellevar los malos tiempos que les ha tocado vivir, el asunto se complica enormemente, y no tanto por la imposibilidad del político de atender su justificada necesidad, sino porque al final acaba empatizando con la persona y su problema y la posibilidad de verse incapacitado para el cargo al que aspira puede pasarle factura.
La fórmula elegida, cuando el problema compete a varios, es echarse a la calle a reclamar. Lo vemos a diario en cualquier punto del país y no siempre por la misma causa, ya que dependerá de la situación de un determinado colectivo y, si coincide, será pura causalidad. No ocurre así cuando la cosa va de sanidad, de educación o de dependencia, que entonces comprobamos cómo se organizan para estar en puntos diferentes de territorios distintos a la misma hora y con parecidas pancartas reclamando lo que entienden que es suyo. Y es que a la crisis que nos ha tocado vivir y que cada vez llevamos peor se ha unido el asunto de la masiva corrupción que recorre todo el país. La lista de los políticos y los partidos inmersos en asuntos turbios se ha multiplicado por mil y en estos momentos los juzgados se encuentran atestados de informes a la espera de que puede abrirse el juicio que permita dilucidar responsabilidades. Y como en nuestro país el tiempo corre a favor del canalla que se ha llevado el dinero que no es suyo, como la ley parece que está hecha para que los culpables puedan irse de rositas, pues eso, que lo de la caducidad del delito, más conocida como prescripción, les da vía libre para disfrutar de la vida con permiso oficial incluido.
A todo esto, súmenle que, entre nosotros, si a usted se le ocurre echar mano de dinero público, la Justicia no le exige que lo devuelva, pues ya se sabe, con que solo sea cauteloso una vez cumplida la pena impuesta, y no caiga en el error de gastarse lo que guarda de forma exagerada y visible, pues a vivir que son dos días. Actualmente están en prisión personajes de la política y del mundo del corazón en cantidad suficiente como para llenar unos cuantos furgones de prisiones, y lo mismo ocurre con el dinero que han robado, que debe estar esperándoles para que cuando salgan lo puedan disfrutar sin más cautela que la comentada anteriormente. Conseguir poner de acuerdo a los partidos de siempre en este asunto, de que, mientras no se devuelva el dinero conseguido ilícitamente, no saldrán de la prisión, no parece sencillo, o al menos es la impresión que llega a la ciudadanía, quizá porque a ellos tampoco les debe interesar y no está la cosa para dictar leyes que acaben dañando a quienes las implantaron.
