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La
situación económica general sigue siendo el caballo de batalla de
la ciudadanía y la clase política. Escasos serán los que lleguen a
la conclusión que éstos no han tenido nada que ver en la crisis
generada a nivel mundial y desde luego que los condenan directamente,
entre otras cosas, porque no han sabido hallar las fórmulas que nos
permitieran recuperarnos. Por el contrario, han aprovechado situación
tan pésima para colocar leyes y decretos que para nada tienen
relación con el mal momento económico, pero como andamos
condicionados por la falta de recursos de todo tipo que mal llevamos
y esto nos resta atención, para ellos es el mejor momento. Leyes
como la conocida como mordaza, los nuevos planteamientos para la del
aborto, la de educación, la de sanidad, etc., han sido gravemente
retocadas y con la clara y única intención de limitar aún más los
espacios y las libertades de la ciudadanía. Entre ellas, la que
obliga al ciudadano que quiera quejarse a cuidar al máximo sus
expresiones callejeras o en medios de comunicación, porque puede
resultarle muy caro.
Mientras,
en contra de las opiniones de quienes gestionan el país, es evidente
que la mejora, en caso de que sea cierta, por aquí no llega.
Seguimos con unos niveles de desempleo desproporcionados para la
población activa de nuestra ciudad, que, si la unimos al resto de la
provincia, comprobamos con tristeza el por qué somos la única en el
contexto nacional en la que el paro registrado en la última EPA ha
subido; el resto, incluida Andalucía, ha registrado datos positivos.
Nosotros, no. Dicho esto, con elecciones municipales de por medio y
en el resto del país también autonómicas, ni entendemos ni
aceptamos que, luego del resultado de las elecciones para la
presidencia y renovación de la Junta y el Parlamento, aún nos
mantengamos con un gobierno provisional. Ahora más que nunca es
cuando comprobamos la valía y calaña de quienes han sido votados
por la ciudadanía precisamente para que les saquen del atolladero en
el que ellos mismos los han metido y en el que están desde hace
años. Unos, porque la presidenta accidental y su grupo no acepta las
condiciones impuestas; otros, porque le han exigido tres o cuatro
puntos y sin éstos aprobados tampoco le apoyarán en la investidura.
Tampoco faltan los que con cuatro o cinco votos quieren la
presidencia, porque por pedir que no quede. Es decir, en el registro
general de intenciones de nuestros representantes, mientras no se
demuestre lo contrario, aún se mantiene la mala leche por el
resultado electoral que no les ha proporcionado lo que tanto
ansiaban.
A
todo esto, Andalucía tomando decisiones con cuenta gotas porque le
es imposible decidir sin el parlamento y las correspondientes
comisiones de trabajo constituidas, y confirmando las pocas y
escasísimas ganas que tienen de enderezar el rumbo y poner a andar
un proceso que, de acuerdo con sus propias palabras y mensajes
escuchados a lo largo de la campaña de marzo, el único objetivo que
tienen es el de reflotar nuestra economía. Aunque a muchos les
costará reconocerlo y resistirán hasta el final, lo que parece
evidente es que lo de estar en manos de políticos interesados más
en ellos y en las siglas de sus respectivos partidos al final acaba
siendo una ruina. Puede que no sea así y que cada organización
política decida de forma autónoma sus políticas, pero lo que
percibimos es que es desde Madrid y Barcelona desde donde se dirige
nuestro futuro. Mala cosa desde luego, pero ese ha sido el resultado
electoral y estamos obligados a aceptarlo.
