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La
situación política en España no ceja en su empeño de
preocuparnos, de compartir con la ciudadanía lo peor de su ya de por
sí estado comatoso, añadiendo una buena dosis de preocupación
precisamente con quienes han alcanzado su nivel máximo hace años.
La enorme cantidad de casos de corrupción, por ejemplo, repartido a
casi partes iguales entre los dos partidos mayoritarios, irrumpen a
diario en nuestras azarosas vidas y nos obligan a saber de asuntos
escabrosos y vergonzosos que para nada deben ser actitudes a seguir,
obligándonos incluso a no compartir los informativos televisivos con
los pequeños de la casa, no sea que acaben convenciéndose de que en
nuestro país lo de la corruptuela política forma parte de nuestro
“adeene” y tampoco es eso. Ahora que de lo que se trata es de
renovar los ayuntamientos y las autonomías, las tensiones han
aumentado de forma importante y no es posible asistir a un debate
público en el que no prime el estado de las cuentas de tal o cual
partido o en cuántos casos de corrupción se hayan inmersos estos o
aquellos.
El
estado de la economía de los ciudadanos, al menos de los más de
cuatro millones de parados, parece que no interesa. Es cierto que de
vez en cuando se les echa una mirada de reojo y que algún buen
samaritano se acuerda de ellos y hace referencia a la urgente
necesidad que tienen de que alguien se ocupe de solucionarles los mil
y un problemas acumulados a lo largo de los años de crisis.
Desahucios, electricidad, agua, impuestos municipales, de Catastros,
de hipotecas, de alquileres, de vehículos, seguros, combustible,
colegios, salud, comida… Y vivir, que hoy todo se tiene en cuenta,
y lo del día a día se ha convertido en un calvario de complejísima
solución si nos atenemos estrictamente a lo que les está costando a
nuestros políticos poner coto a tanta injusticia. Si desde el año
2008, que fue cuando de verdad comenzó la crisis como tal, con
pérdida de empleos por miles y a diario, con cierres de empresas de
todos los tamaños y proyectos, con cajas de ahorro que, cuando
abrieron puertas y ventanas, resultaron ser un nido de ladrones y
sinvergüenzas, con bancos que han necesitado casi sesenta mil
millones de euros de dinero público, es decir, de todas y de todos
los españoles, para poder seguir abiertos y operando… O sea, que
si desde entonces, luego de unas elecciones generales y ocho años
transcurridos, no han podido cambiar el rumbo de nuestra economía,
la deducción a la que debemos llegar, por elemental e incluso
cómoda, es que no están preparados para dirigir el país.
Que
alguien se pregunte qué empresa del sector privado sería capaz de
soportar tamaña crisis sin haberse visto obligada a echar el cierre
antes de que tan mala situación económica no acabase arrasándolo
todo. Ninguna, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién entiende lo que está
pasando delante de nosotros y que por el momento solo se nos haya
ocurrido pensar que a lo mejor los recién llegados a la política
desde los partidos emergentes son capaces de hallar las soluciones a
tanto problema? Quizá el primer paso debía haberse dado en
dirección opuesta e implantar sistemas de control del gasto del
Estado y las razones que esgrimen políticos y técnicos para
invertir en donde desde lejos se ve y se huele un tufillo de
corrupción que al final acaba en olor nauseabundo e insoportable que
actualmente es el que nos tiene asfixiados. Esto y no haber caído
antes en la cuenta de que lo de dejar las manos libres ante el cajón
del dinero de todos al primero que llega no es una buena decisión.
Por eso ahora, cuando convocadas han sido nuevas elecciones, quizá
sería interesante tenerlo en cuenta. No por nada concreto; solo por
si acaso.
