jueves, 14 de mayo de 2015

MALOS TIEMPOS PARA LA POLÍTICA

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Estamos por asegurar y sin temor a equivocarnos, que desde hace unos años, especialmente en tiempos electorales, no existe profesión con más futuro y que facture más que la de detective privado, especialmente los especializados en delitos fiscales, cobros de comisiones o mordidas y casos de corrupción. Solo hay que asomarse al balcón para comprobar que no falta un día en el que no se incorpore a la lista de los cientos que han sido pillados con las manos en la masa uno o dos nuevos con un historial de película del que, por supuesto, no saben ni quieren saber nada. El “yo no soy el de las grabaciones, porque solo pasaba por allí de casualidad”, o “yo me enteré por la prensa”, o “juro y perjuro que no he puesto la mano en dinero público”, suelen formar parte de las primeras declaraciones públicas de estos implicados para luego perderse el tiempo que necesiten para ir confeccionando su defensa, porque lo que se sabe es que están hasta el cuello y que las salidas airosas son cada vez más escasas. Dicho esto, es evidente que otra profesión en auge y con una facturación desproporcionada es la abogacía, que ha encontrado en los defraudadores, ladrones y otros especímenes políticos un filón del que deben obtener cifras de vértigo cuando de cobrar se trate.

El hecho de que la política haya conseguido ser tan menospreciada en la calle y que dedicarse a ella conlleve para la persona que lo haga una serie de problemas añadidos de los que no siempre debe responder porque no son de su responsabilidad, nos da una idea aproximada de cuál es la concepción que el ciudadano tiene de una clase o una casta que ha entretejido una red que le permite disfrutar de una opacidad cuando menos preocupante, y de la que de vez en cuando nos llegan datos sobre el dinero que manejan que abundan aún más en la idea de que han conseguido, sin merecérselo ni oposición alguna, formar parte de un grupo de privilegiados que viven muy por encima del resto de mortales y que, además, les permitirá hacerlo toda su vida. Es más, para cuando se jubilen políticamente no les faltará la pensión millonaria que el Estado le proporcionará al menos dos años. Y quizá por todo lo que les decimos, porque jamás hubieran pensado vivir como lo hacen, disfrutar como disfrutan, es lo por lo que aún extraña más que sus ansias de acumular dinero les pierdan y finalmente acaben procesados en casos de corrupción como los que conocemos y de los que aún deberán dar cuentas ante la Justicia.

En el caso de las elecciones que tenemos más próximas, tampoco echamos de menos a los que llegaron, trincaron y se mantienen en los cargos habiendo sido imputados. La situación no es precisamente para presumir y por eso entendemos que los partidos emergentes, que para eso han contado con el apoyo ciudadano, porque han entendido y atendido su mensaje sobre las corruptelas políticas, quieran ahora evitar por todos los medios que esta situación se perpetúe en el tiempo si se mantienen las mismas coordenadas y los mismos sistemas de control del dinero público. Exigir que se firmen unos acuerdos en los que quede claro que se controlará por todos los medios la distribución del dinero de todos, nos parece un mínimo de no solo extraordinaria importancia, sino una forma excepcional de sanear la política y a sus representantes. Eso de que en las Administraciones públicas exista un cajón en el que todo el dinero que llega se guarde allí y que desde ese mismo cajón se atiendan los pagos a proveedores y al resto de facturas que abonar, ni nos gusta ni es una fórmula de funcionamiento idónea. Si acaso para quienes tienen como objetivo sacar todo lo que puedan de él aprovechándose del calamitoso estado en el que se encuentran las cuentas generales de las Administraciones.