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De
acuerdo con el calendario electoral previsto y por aprobar
definitivamente, el 24 tocan ayuntamientos y autonomías,
y en noviembre, si todo discurre normalmente, las generales. Esto
quiere decir que el trabajo por desarrollar por parte del periodismo
de investigación
es todavía
inmenso. Hasta ahora los profesionales dedicados a hurgar en el
pasado más
reciente de parte de la clase política,
especialmente de aquella que desde siempre ha venido diciéndonos
que eran los otros los que se llevaban el dinero de todos a manos
llenas, han hecho aflorar casos de corrupción
de todas las formas, colores y tamaños
conocidos, confirmándose
que eso de hacerse rico en política
no era una frase hecha y sí
un
puesto de trabajo dotado de una remuneración
oficial envidiable y la posibilidad real de duplicarlo cuantas veces
quisiera el implicado. Las fortunas que han sido conocidas hasta
ahora, si tenemos en cuenta que antes de aterrizar en la política
los corruptos no poseían
ni títulos
ni fortunas que destacar, superan con creces lo que ellas y ellos
mismos pensaban antes de encontrarse con la posibilidad de echarse en
el bolsillo dinero más
negro que sus entrañas
y que nadie se percatara de ello. Y así
lo
han venido haciendo hasta que un día,
ante la extrañeza
de propios y extraños,
incluso de los funcionarios que debían
controlar estos descalabros políticos,
que no para otra cosa están,
algunos medios de comunicación
se abren hueco en la calle y anuncian a cinco columnas que ha
aparecido un alcalde, o un concejal, o un director general, o un
consejero, o un ministro, o un jefe de gobierno que se ha llevado el
dinero a espuertas. Él
lo niega, rechaza la información,
anuncia querellas por doquier, grita con todas sus fuerzas que se
trata de una conspiración
en su contra y que no tardará
en
conocerse la verdad, que será
entonces
cuando sea eximido de los cargos que se le imputan. Luego ya se sabe
en qué
acaba
el asunto.
Y
queremos dejar claro que, en el trabajo desarrollado hasta ahora por
parte de la prensa especializada en este tipo de delitos, es decir,
los departamentos ligados al Estado y que entre sus competencias
concretas están
las de controlar el dinero público
para que no caiga en manos de estos desalmados sin escrúpulos,
parece que han estado mirando para otro lado todo este tiempo y no
hacia donde debían.
Esto les ha permitido, y permite, porque aún
nos quedan miles de casos de este tipo por conocer, llevárselo
calentito a donde han querido, o sea, paraísos
fiscales, bancos suizos o andorranos, cuando no gibraltareños,
etc. Es más,
mañana
o pasado volveremos a saber de otro político
de tres al cuarto, un muerto de hambre sin más,
que ha sido el beneficiario de las comisiones de tal o cual
constructor y que eso le ha supuesto acumular una fortuna que luego
intentará
justificar
diciendo que desde siempre ha sido un emprendedor y que su
especialidad en obras de arte le ha permitido facturar y embolsarse
millones de euros. De los que están
y los quedan por aparecer en las portadas de los periódicos
o los telediarios han sido los medios de comunicación
los responsables de sacarlos a la luz y de hablarnos de sus
fechorías.
Los otros, los que cobran por desarrollar este trabajo de
investigación
y control, siguen a lo suyo: mirando para otro lado.
Así
las
cosas, ¿se
imaginan ustedes el número
de alcaldes, concejales, consejeros y otros representantes públicos
que deben estar realmente preocupados ante la posibilidad de que los
que lleguen a ocupar sus respectivos cargos decidan, por aquello de
conocer la realidad económica
a la que deberá
adaptarse,
las lógicas
auditorías?
Mientras que para ellos serían
unos meses o años
sin sueño
y su futuro político
pendiendo de un hilo, para nosotros descubrir lo que han hecho con
el dinero de todos. Desde luego, no lo duden, los datos, insistimos,
pueden acabar con la carrera política
que quien menos esperamos. El tiempo dirá.
