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Polémicas
alrededor del mundo del automóvil de mayor o menor importancia
ocupan estos días parte de las noticias en prensa. De entre ellas,
el asunto de los gases nocivos que los vehículos de Volkswagen
comercializados en Estados Unidos parece que emiten en exceso, lo que
les va a costar un pellizco millonario y algo más, porque el
mismísimo presidente de la empresa se ha visto obligado a dimitir.
Otro asunto, éste más próximo, está ligado con casi 150
concesionarios de coches de marcas de primer nivel, como serían
Opel, Toyota, Hyundai, Volkswagen, Audi, Seat, Land Rover, Citroën,
Mitsubishi, BMW, Chevrolet, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia,
Ford, Honda, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault,
Volvo y Lexus, que parece ser han atentado contra la libre
competencia, según denuncia la OCU, al llegar a un pacto de precios.
Consecuentemente, cientos de compradores que adquirieron su vehículo
entre los años 2006 y 2013 se han visto afectados por este pacto que
ahora estamos conociendo. Las consecuencias económicas a las que han
llegado los técnicos que han hecho las cuentas afirman que estos
vehículos les salieron más caros en aproximadamente 750 y 1.500
euros.
¿Qué está haciendo la OCU al respecto? Pues invitar a los
afectados a que se unan a su denuncia antes del 31 de octubre de este
año con el fin de ser resarcidos por estas empresas.
Iniciar
un proceso judicial basado en los daños y perjuicios que sufrieron
los compradores es el objetivo de la organización de consumidores,
para los que reclamará las indemnizaciones correspondientes. La
denuncia se basa en que la fijación de precios, además del
intercambio de información comercial, no es algo extraño en el
mundo del automóvil y que no habrá sido ni la primera ni la última
vez que esta ocurra, impidiendo a cientos de compradores que
adquirieron sus vehículos cuando desde la oferta general de precios
se anunciaban como los mejores en unas condiciones de alteración del
costo final evidente. De hecho, la confirmación
de este intercambio de información comercial tendrá en su día como
consecuencia la sanción a estos concesionarios por parte de la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por prácticas
restrictivas de la competencia, y las multas serán superiores los
170 millones de euros.
Por lo tanto, para conocer cuál es su situación personal y si fue
uno de estos compradores, la
OCU muestra en su web una aplicación en la que pueden contrastarlo
rellenando los
campos con los datos que les solicitan. El fin a perseguir no es otro
que el de reclamar por vía judicial los perjuicios generados por esa
compra.
Como
habrán podido comprobar, la práctica totalidad de las marcas que
comercializaron sus vehículos en nuestro país están incluidas en
esta denuncia y que la cantidad a reclamar es millonaria. Es decir,
se trata de un delito a gran escala y que en ningún caso, al menos
no se ha podido demostrar hasta ahora, las marcas están incluidas
como tales, puesto que los detectados han sido los concesionarios de
éstas y no las empresas fabricantes. Dicho esto, por aquello de
salvaguardar los legítimos intereses de estos otros actores,
conviene que se den prisa aquellos de ustedes que se vean reflejados
en esta denuncia y que lo hagan antes de final del próximo mes de
octubre.
