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Los
medios de comunicación legalmente establecidos, es decir, los que
formamos parte de aquellos que controla el Gobierno de la nación y,
al mismo tiempo, las autonomías, que lo hacen bajo una serie de
leyes que vigilan su funcionamiento y que mantenemos al pie de la
letra los mandatos de las leyes, estamos de enhorabuena. Sí, porque
por fin el gobierno autonómico ha decidido afrontar el tema de los
medios de comunicación ilegales de forma que, entre otras razones de
peso, no podrán seguir funcionando si para ello necesitan de
publicidad pagada por sus clientes. Dicho esto, parecería que es
hasta posible que todo siga igual que está, o sea, que no pasa nada,
que cualquiera puede instalar una emisora de radio, iniciar a emitir
sin control oficial alguno, introducir publicidad cobrándola, por
supuesto que sin impuestos y a precios de saldo porque sencillamente
no tiene más gastos que los que puede generarle el fluido eléctrico,
y que nadie le invite a irse con la música a otra parte. A partir de
ahora sí, sí porque el asunto cambia como de la noche al día y
entre los inspectores oficiales que acudirán por sí mismos o ante
la denuncia interpuesta en busca del infractor, las multas que les
caerán a los anunciantes, ya sean agencias o particulares, y las
millonarias que les impondrán directamente desde la Junta de
Andalucía a los responsables de estos medios de comunicación que
funcionan sin la licencia pertinente, no creemos que se les ocurra
mantenerse como están por mucho tiempo. Concretamente, para las
emisoras ilegales, éstas irán desde los 20.001 euros hasta los
200.000. En algunos casos concretos la sanción puede alcanzar el
millón de euros.
La
figura del anunciante adquiere aquí, porque así lo ha querido la
autoridad competente, categoría de protagonista de primera clase, ya
que son ellos los que, con sus anuncios, mantienen a este tipo de
piratas de tres al cuarto que a lo más que llegan es a malvender el
trabajo de otros medios y a entorpecer su legítima labor diaria. No
informan ni entrevistan a nadie; no mantienen relación contractual
con ninguna de las personas que trabajan en ellos, no pagan ningún
tipo de impuestos, incluido el IVA que deberían cobrarle a sus
clientes, y por supuesto no presentan liquidación a la Hacienda
Pública ni a la Seguridad Social. Se entretienen en echar mano de
las programaciones de otras emisoras de radio sin su permiso y las
emiten desde su punto en el dial; con esta programación acuden a
comercios de todos los segmentos y les invitan a que sintonicen con
ellos para comprobar que lo suyo es solo música, que no locutan, que
no les molestan… En definitiva, un robo descarado que se produce a
diario en masa y que a nosotros, aquí en Andújar, tampoco nos
falta. Se autoproclaman profesionales del sector sin más preparación
que, como mucho, el graduado escolar aprobado, y a partir de ahí
entiendan ustedes que pueda ocurrir cualquier disparate.
Por
eso les decíamos que la figura del anunciante en este tipo de
emisoras será determinante para su desaparición. Y es que las
sanciones económicas que les pueden caer no son nada despreciables,
ya que pueden llegar hasta los doscientos mil euros. Así, una vez
aprobada la nueva ley, las emisoras que no posean permiso oficial
para emitir se hacen acreedoras a sanciones de muchos miles de euros;
y, si encima incorporan publicidad, la multa será doble, puesto que
no solo será para el que comete el delito, sino, como ya hemos
dicho, también para el anunciante que usa de los servicios de un
medio que no consta en ninguna relación oficial que se lo permita.
