ImprimirEl asunto es que no siempre lo que desde Bruselas se les dice a los Estados miembros es aceptado por éstos sin más. Y no otra cosa está pasando con el tema de las cláusulas suelo, un apartado en el contrato de hipoteca que el banco o la caja de ahorros te invita a firmar y, según el cual, estás obligado a pagar un impuesto directo que representa un desembolso añadido a los ya de por sí abusivos porcentajes del préstamo. La cosa está de la siguiente manera: Bruselas ha pedido que se devuelva todo lo cobrado a los clientes a los que se les han aplicado estas cláusulas; España, por aquello de llevarles la contraria, ha dicho que no, que de eso nada. Y ahí tienen ustedes a los abogados del Estado trabajando de día y de noche para demostrarles a los de Bruselas que no llevan razón, que en España, que aplicamos al pie de la letra el refrán viejo castellano que asegura que “santa Rita, lo que se da no se quita”, no se tiene por costumbre devolver el dinero que se recauda. Por su parte, los de los bancos, más comedidos ellos, han decidido esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que representa el máximo poder y sus decisiones son de obligado cumplimiento.
Naturalmente, entre los que pagaron y pagan este impuesto añadido en las cláusulas hipotecarias se frotan las manos ante la posibilidad real de que les devuelvan su dinero. Y todo porque a una asociación de usuarios bancarios se le ocurrió denunciar ante la Unión Europea lo que entiende que es un abuso descarado. A todo esto, para el que no esté al día en este asunto, sepan que la cláusula suelo no es otra cosa que el establecimiento de una cantidad mínima a pagar en las cuotas de la hipoteca aunque los tipos acordados con la entidad bancaria esté por debajo. De acuerdo con la opinión del Gobierno, entiende que la directiva europea no se opone en ningún caso a una jurisprudencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en beneficio de preservar el equilibrio contractual y la seguridad jurídica que limita los efectos económicos que pudieran derivarse de la declaración de nulidad desde la fecha de la sentencia, que por primera vez aprecia la abusividad de este tipo de cláusulas.
Aunque
se trata de cantidades aproximadas, sí se sabe que la suma que
supone esta devolución, y que deberían abonar los bancos y cajas
que firmaron hipotecas, está alrededor de los veinte mil millones de
euros y los treinta y seis mil. Los abogados del Estado sostienen,
que están en medio para llevar la contraria a Bruselas, que las
cláusulas
suelo son en sí
mismas lícitas y que la finalidad de la fijación del tope mínimo
responde a la necesidad de mantener un rendimiento mínimo de los
préstamos hipotecarios que permita a las entidades de crédito
resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de esas
financiaciones. También apuntan que las cláusulas buscaban que no
hubiese cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar y
recuerda que en España se podía y se puede en todo momento
renegociar con otra entidad las condiciones del préstamo
hipotecario. Finalmente señalan que su utilización ha sido tolerada
por el mercado y que la sentencia del Supremo aprecia la buena fe de
las entidades de crédito.
Según
Adicae, que es una asociación de usuarios de banca presente en todo
el país, entidades como Caja Rural de Navarra, Sabadell, Popular,
Banco Pastor y Banco Gallego, ofrecen a sus clientes diferentes
propuestas y que van desde eliminar temporalmente la cláusula de dos
a veinte años y, pasado ese plazo, volver a cobrarla; eliminar el
suelo a cambio de elevar el diferencial del préstamo y/o la
contratación de seguros de vida o de protección de pagos o que el
cliente cambie su hipoteca y pase a estar vinculada a un tipo fijo.
Adicae pide que no se firme ningún compromiso.
