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Como
medio de comunicación con una gran capacidad de convocatoria entre
la ciudadanía en general, nos congratulamos de que también se nos
acepte y se nos quiera entre la población carcelaria de las
prisiones que tenemos próximas. Quizá esta sea la causa de que
algunos de los presos nos hayan elegido para hacer llegar su causa al
resto del mundo. Con un lema tan demoledor como el que comparten con
quienes quieran escucharle, “No tenemos derecho a la libertad, pero
sí a la salud”, las personas infectadas por la hepatitis C claman
atención para su enfermedad y más aún la medicación específica
que les facilite la recuperación plena de su salud. Por el momento,
poco más de trescientos reclusos reciben actualmente el producto
médico idóneo para que vuelvan a la normalidad en poco tiempo,
cifra escasa por demás si sabemos que el número de infectados por
este virus es muy superior. Por otra parte, la realidad de estos
pacientes pasa inevitablemente por su situación carcelaria, ya que
está demostrado que en prisión reciben menos cuidados médicos y,
como hemos dicho, solo unos cuantos de ellos son medicados con el
fármaco adecuado.
Los
que nos han elegido para que difundamos su mensaje o petición de
socorro cuentan y no paran sobre el escaso interés que encuentran
entre algunos funcionarios de prisiones, especialmente los que
desarrollan su trabajo en las enfermerías, incluso cuando han sido
diagnosticados como portadores de hepatitis C, lo que exigiría un
seguimiento personalizado, entre otras razones para evitar la
propagación de la dolencia entre el resto de reclusos, que es lo que
de hecho aseguran está ocurriendo. Ellos entienden que lo que
actualmente se percibe en las prisiones tiene absoluta relación con
la desgana que el Gobierno muestra con respecto a la salud en
general, que en el caso de ellos se agrava por ser quienes son y la
nula atención que reciben del resto de la población. Sin embargo,
insisten con rigor sobre lo que para ellos se ha convertido en una
frase que, expresada en el instante y en el lugar adecuado, acaba
convenciendo a quienes la leen o escuchan. Y es que, efectivamente,
el hecho de que hayan sido privados de libertad y se encuentren
recluidos en cualquiera de las prisiones repartidas por el territorio
nacional, de ninguna de las maneras pueden aceptar que les limiten o
les priven de la medicación adecuada que les permita recuperar la
salud de forma inmediata. Como está ocurriendo en muchos casos
controlados por ellos mismos, no son solo unos cuantos presos los
que, una vez recuperada su libertad, su primera decisión es acudir a
sus habituales centros de salud u hospitales en busca de remedio para
lo que en prisión no le han ofrecido.
Nuestro
interés, por lo tanto, no es otro que hacer llegar a quienes nos
leen o escuchen una realidad por sí misma dolorosa que mantiene a
una importante cantidad de población reclusa española en situación
de peligro de muerte. Los infectados de hepatitis C en prisión
asumen con preocupación su futuro una vez que la realidad en la que
viven su día a día no cuenta cuando de mejorar su salud se trata.
Naturalmente, la tensión crece permanentemente en el interior de
estos centros penitenciarios y los enfrentamientos con la hepatitis C
como argumento son habituales. Entender a estas personas en su
legítima reclamación de tratamientos para su dolencia es lo menos
que podemos aportar, y lo hacemos convencidos de que todo lo que sea
denunciar una anomalía de tanta trascendencia para la población
reclusa española será positiva. Recuerden: no tienen derecho a la
libertad porque la han perdido, pero sí a la salud.
