Por
si ustedes no lo saben, y estamos seguros de que será así, sepan
que la suma total de denuncias o expedientes que los juzgados
españoles reciben de media diaria es de 266 firmadas por mujeres
que han recibido maltrato de sus parejas. Así lo hemos leído en el
trabajo firmado por el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género
que depende del Consejo
General del Poder Judicial. Según sus datos, se ha detectado que a
lo largo del segundo trimestre del año han repuntado las denuncias
en un uno por ciento de un total que supera las treinta y dos mil. La
totalidad de ellas fueron interpuestas por casi treinta y una mil
mujeres distintas, que, si las comparamos con las del primer
trimestre de este año, han aumentado significativamente, ya que
entonces fueron casi treinta mil. Vemos por tanto que el asunto de la
violencia de género se mantiene fuerte en su feudo y que aparece con
más regularidad y virulencia desde hace unos meses. De si los medios
humanos y técnicos que se han puesto a su disposición y que
controlan los cuerpos de seguridad del Estado son efectivos o no como
se esperaba de ellos, las conclusiones a las que podemos llegar son
desoladoras.
Desde
el Observatorio se nos dice que estos incrementos podemos y debemos
interpretarlos como una señal esperanzadora en relación con una
mayor conciencia social e institucional frente a la violencia de
género, aunque, de acuerdo con los datos dados a conocer, será
difícil aceptar esta interpretación. Entre otras razones, porque
sabemos que la media española es de trece mujeres de cada diez mil
las que acudieron a los tribunales para dar parte del maltrato que
sufren por parte de sus parejas. Es decir, que en el camino que va
desde la denuncia al juicio se pierden la mayoría de las intenciones
de quien ha sido maltratado, que es convencido de que las cosas
pueden ir a mejor a partir de ese momento y desea iniciar una nueva
etapa de convivencia. Sin embargo, Baleares muestra unas cifras más
esperanzadoras, ya que son veintiuna las denunciantes por cada diez
mil mujeres, y Murcia, con casi un diecisiete por ciento.
Por
otro lado, bien directamente en el juzgado o a través de atestados
policiales, un setenta por ciento de las denuncias en las que ha
intervenido la policía de manera directa se coloca en un poco más
del quince por ciento de los casos controlados. Al mismo tiempo, las
denuncias que presentan familiares directos también han registrado
un significativo aumento, con lo que la idea y la necesidad de una
mayor implicación de familiares y amigos, en una situación de
violencia machista, a todos nos debe importar. En el segundo
trimestre de este año se ha detectado un importante fenómeno en
sede judicial y no es otro que nada menos que, en casi cuatro mil de
los casos denunciados, la víctima de violencia de género se ha
acogido a la
dispensa de la obligación legal de declarar,
lo que representa un porcentaje de un trece por ciento. Este derecho
genera en ocasiones un efecto no deseado, ya que, cuando el entorno
del agresor presiona a la víctima para que no declare en el juicio,
se evita el testimonio de ésta, y la denuncia acaba archivándose.
Paralelamente,
nada menos casi once mil mujeres han solicitado órdenes de
protección en los órganos judiciales en este período, lo significa
un aumento de casi el diez por ciento respecto al segundo trimestre
de 2014. De las órdenes de protección solicitadas, algo más de la
mitad fueron admitidas, y la mayoría de las ocasiones en que se
solicitó, la relación de pareja entre la víctima y el supuesto
agresor se mantenía, mientras que en el resto la relación había
terminado. A lo largo de este segundo trimestre, la Justicia española
ha dictado 12.293 sentencias penales en el ámbito de la violencia de
género, de las que el 7.676 fueron condenatorias, lo que supone un
incremento de 1,1 puntos respecto a las sentencias condenatorias
dictadas en el mismo trimestre de 2014.