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Aunque
asistimos regularmente a la lectura de sentencias relacionadas con el
tráfico, algunas de las cuales nos parecen extraordinariamente
incongruentes, lo primero que se nos ocurre es confesar nuestro
desconocimiento sobre el Derecho y el sistema jurídico que controla
el trabajo y las decisiones de los diferentes juzgados. Y todo porque
seguimos sin entender algunas de esas sentencias, sobre todo cuando
prácticamente eximen de hecho a los causantes de accidentes con
muertes, algunos de los cuales, cuando leemos su ficha, son defectos
de calado en la totalidad de su comportamiento: no faltan en estos
historiales los que no tenían permiso de conducir, bien porque nunca
lo obtuvieron o bien porque se lo habían retirado por infinidad de
causas, como la pérdida de todos los puntos, y todas ellas punibles;
en el momento del accidente conducían bajo los efectos del alcohol
y/o las drogas; además, exceso de velocidad, conducción peligrosa
en general, y, por si faltaba algo en sus expedientes, en ninguno de
los casos conocidos se detuvieron a socorrer a sus víctimas. Si con
estos motivos de referencia defendidos normalmente por el fiscal y la
acusación particular de la familia del fallecido se dictan
sentencias prácticamente absolutorias a quienes han transgredido las
leyes en infinidad de artículos del Código Penal, que nosotros no
lo entendamos es lo lógico.
Entenderán
entonces que entre la ciudadanía, que no se detiene a conocer
entresijos que le impidan opinar sobre la sentencia en cuestión,
estas decisiones judiciales sean atacadas con exagerada virulencia y
sin que alguien intente poner orden en favor de unos jueces que se
desenvuelven con unos textos legales que son lo que son y que ellos y
ellas no pueden manipular por mucho que, ante la contundencia de las
pruebas, estén interesados en sentenciar a un flagrante asesino,
porque cuando se conduce bebido y drogado, con exceso de velocidad y
no se atiende a la víctima, no se puede calificar de otra manera.
Dicho esto, otorgar un margen de confianza a quienes se ven obligados
por las circunstancias a firmar sentencias fácilmente denunciables
por incomprendidas entre la ciudadanía, creemos que es adecuado y lo
que merecen, porque recordemos que existen posibilidades reales de
apelar a tribunales superiores en busca de una sentencia más justa
desde la perspectiva de la familia del fallecido.
La
realidad, por tanto, debía pasar, y de forma urgente, a las manos
directas de los legisladores, que a su vez dependen del Gobierno de
la nación del momento, y que entendemos que están obligados a
desarrollar textos legales más realistas, más prácticos y desde
luego que tengan en cuenta la totalidad de los hechos concurrentes en
el caso a juzgar y las dificultades que encuentran los juzgadores en
los textos que, en vez de ayudarles a realizar sus tareas, les
encorsetan de manera que les limitan las interpretaciones personales
que pudieran aportar al caso juzgado con el fin de obtener un
resultado más justo y realista. Por eso debe quedar claro que el
juez es, efectivamente, una figura imprescindible cuando de aplicar
justicia se trata, pero que está atado de pies y manos por textos
obsoletos por alejados de la sociedad a la que, por contra, debían
acoger en favor de que nadie cercene sus derechos.
