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El
asunto empleo sigue siendo utilizado por los partidos políticos con
fines muy concretos, aunque el desgastar al Gobierno que en ese
momento esté en el control del país es el más utilizado. Las
cifras de los desempleados en nuestro país las conocemos al dedillo
y son muy pocas organizaciones políticas las que dejan pasar tan
suculento pastel sin pegarle un buen mordisco y criticar a los que
entienden que son los responsables directos. Naturalmente, los que
ostentan la responsabilidad de tan injustas cifras luchan
ostensiblemente para quitarse el sambenito de encima, y para ello
echan mano a las herencias de los partidos que les precedieron
responsabilizándoles de que las cosas del empleo no marchen por el
camino más adecuado. Ahora sabemos, según el propio Ministerio de
Empleo, que el gasto que el Gobierno ha hecho en protección frente
a la lacra del desempleo hasta el mes de septiembre ha subido próximo
a los 15.644 millones, lo que viene a suponer casi un diecisiete por
ciento menos de lo desembolsado hasta el mismo mes del año pasado.
Naturalmente, el ahorro que para el Tesoro Público representa esta
caída de la factura de la protección por desempleo viene a ser como
un gran alivio económico, pero tiene más consecuencias: sin ir más
lejos, que dos millones doscientas mil personas desempleadas no
perciban ningún tipo de ayuda de parte del Estado. Tal cantidad de
trabajadores sin empleo no solo representa una injusticia por
desamparo, sino una insoportable situación que les obliga a malvivir
y dejar su futuro en manos de sus familiares y de las organizaciones
benefactoras, que, por otra parte, vienen quejándose con toda razón
de que no pueden llegar hasta donde las necesidades de la ciudadanía
le exigen.
Llegados
a este punto del comentario, añadirle que todo indica que, de
acuerdo con los datos del propio Ministerio de Empleo, se permite el
Estado prever que la factura final del seguro de desempleo será
significativamente inferior de lo que se presupuestó al inicio de
este año, y que fue de veinticinco mil millones de euros; incluso es
hasta posible que sea más baja con respecto a la primera ejecución
prevista en los presupuestos del año que viene, cuyo cálculo fue de
veinticinco mil quinientos millones de euros. Todo indica que la
reducción se debe, sobre todo, a la caída de la parte más costosa
de la factura del desempleo, es decir, la de las prestaciones. Esta
es la parte contributiva y la primera que se percibe cuando un
trabajador pierde su empleo, que es precisamente cuando la ayuda que
recibe es mayor. Por lo tanto, al ser superior, una caída de las
prestaciones del diecinueve por ciento arrastra al resto del gasto en
desempleo. Por lo tanto, la reducción del gasto está en sintonía
con la importante caída de la tasa de cobertura, que recuerden ha
alcanzado casi el cincuenta y cinco por ciento.
En
situación tan precaria, con la pérdida de las ayudas a las que
antes tenían acceso, el asunto es que más de dos millones de
desempleados se han quedado, de un plumazo y sin aviso previo, sin
dinero para los habituales gastos de una familia. Si a esto le
añadimos que el número de familias en las que ninguno de sus
miembros trabaja sigue aumentando imparablemente, las posibilidades
de subsistir de miles y miles de ciudadanos es sencillamente
imposible. Por eso los políticos con responsabilidad de gobierno
debían retirar de sus mítines y declaraciones ante los medios de
comunicación todo lo que tiene relación con que todo va a mejor,
que se está creando empleo de calidad y que no tardaremos en
alcanzar las cotas del estado de bienestar de hace unos años. Y
debían hacerlo por vergüenza y no menos por no seguir haciendo daño
a quienes, viviendo la situación en sus peores circunstancias,
tienen que oír semejantes disparates.
