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La
trascendencia de la noticia que sobre el Guadalquivir, la presa de
Marmolejo y las inundaciones nos trae la plataforma que reclama en
nombre de una ciudadanía apática por demás y de sus propios
derechos, es de gran calado. Y lo es porque ahora resulta que desde
el primer informe emitido, la dichosa presa fue puesta en cuestión
por los técnicos que lo redactaron, y sepan también que hasta hoy
se han acumulado diecisiete. Bueno, en realidad dieciocho, aunque el
último, porque viene firmado por el propio Estado a través del
Cedex y porque recoge las opiniones de todos los anteriores, y que
tiene fecha de terminación de 12 de marzo de 2014, es decir, que han
pasado casi dos años desde que fue conocido por los diferentes
departamentos con responsablidad en el asunto. Sin embargo, hasta hoy
mismo, si preguntamos en la Subdelegación del Gobierno en la
provincia o en la Confederación Hidrográfica, lo más probable es
que se mantengan en que no saben nada, en que el informe aún no está
terminado y que están a la espera de las conclusiones a las que
lleguen los técnicos firmantes. El hecho de que la plataforma, a
través de sus servicios jurídicos, haya dado por fin con el dichoso
informe y que en éste conste específicamente que la presa es
responsable directa de las inundaciones, confirma sin ninguna duda la
verdadera intención de los responsables políticos y funcionariales
con respecto a que no se conociera el trabajo del Cedex entre los
afectados. Así, terminado en marzo del 2014, conocido y valorado por
los responsables, la decisión de guardarlo en un cajón tiene visos
de prevaricación, puesto que conocer las conclusiones, entre las que
nos encontramos una que avisa de un inminente peligro de inundación
en la ciudad, debería activar al Ayuntamiento a presentar con
urgencia las reclamaciones pertinentes, porque, en caso de que
desgraciadamente se produjera la anunciada inundación, sería
co-responsable directo del engaño administrativo con el que se ha
premiado el arduo trabajo de la plataforma.
Bueno,
¿y ahora qué? Una vez conocida la opinión del informe,
especialmente entre los afectados por las embestidas del agua, ¿a
quién debemos responsabilizar de tanta mentira, de tanto dolor, de
tanta ruina económica? ¿Quién, de entre la clase política y
funcionarial, se hará cargo de restañar las heridas que abrieron
con sus mentiras y su obcecación? Porque si algo está claro en todo
este desagradable asunto es que existen culpables directos de que el
río Guadalquivir a su paso por el término municipal forme parte
actualmente de nuestros endémicos males. Y todo porque en el camino
no hemos encontrado gente de talla y clase capaz de enfrentarse a sí
misma y no menos a sus superiores, exigiéndoles coherencia y
generosidad para una causa justificada como era la de evitar las
sucesivas inundaciones registradas. Y lo peor no es tanto que desde
fuera no se hayan atendido las demandas, sino que tampoco entre los
nuestros hayamos encontrado el imprescindible apoyo que merece
situación tan grave, porque recordemos que, además de los daños
ocasionados por las inundaciones en terrenos y viviendas, la vida de
las personas también ha estado en peligro en las ocasiones en las
que las aguas saltaron sus límites.
Por
todo esto, las preguntas las repetiremos las veces que haga falta,
porque merecen una respuesta rápida y, a ser posible, sincera: ¿a
quién debemos echar la culpa de que la mentira haya formado parte
del expediente X que ha generado el río a su alrededor? ¿Qué papel
juega aquí la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que
conocía la situación real del río, sus causas y su solución, y ha
estado mirando todos estos años hacia otra parte? ¿Y los políticos
que se situaban al frente de las pancartas presumiendo de interés,
cuando en realidad les importaba un pito lo que ocurría? ¿Dormirían
tranquilos sabiendo que la presa podía acabar con la vida de las
personas que han estado condenadas hasta ahora a convivir con ella?
Ahí las dejamos por si a alguien se le ocurre responder.
