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Lo de
la estadística de los accidentes controlados a lo largo del año
pasado seguirá dando vueltas mientras los responsables la necesiten
para su conveniencia, especialmente de cara a la ciudadanía y más
aún frente a sus superiores si quieren mantener sus respectivos
puestos de trabajo. El hecho de que desde el Ministerio del Interior
y desde la propia Dirección General de Tráfico se haya hecho uso de
estos números para magnificar su papel y echarse todas las flores
que les son posibles, confirma nuestra opinión sobre una realidad
terrible e insoportable para una sociedad que se desangra diariamente
debido a la accidentalidad que se registra en nuestras carreteras. Y
si un descenso mínimo con respecto a las cifras del año pasado es
suficiente para que ministro y directora lo aprovechen en su propio
beneficio, ya me dirán ustedes cómo debemos valorar a quienes no
muestran precisamente escrúpulos cuando tanto trabajo dejan sin
hacer y sus decisiones tanto influyen en la accidentalidad.
Y es
que congratularse de que las autovías y autopistas han vuelto a
presentar menor accidentalidad a lo largo del año, que son por
cierto responsabilidad directa del Estado, y destacar el aumento
registrado en las vías secundarias, que están bajo el control de
las autonomías, nos parece impresentable. Además, el que en el
discurso no se anunciaran actuaciones directas sobre estas vías de
comunicación, que no se admitiera que buena parte de la
responsabilidad es gubernamental, naturalmente que influye en el
ánimo general de los conductores y de la ciudadanía, que no acaba
de entender ni las razones de los gobiernos autonómicos ni las del
Estado. Al fin y a la postre, de lo que se trata es de poner en
marcha una política de actuaciones priorizando las vías más
precarias y atendiendo las demandas más justificadas que permita que
en solo unos años se recuperaran para un mejor servicio y más
seguridad. Si tanto gusta a nuestros políticos referirse a la red
vial como algo fundamental para el acercamiento de los pueblos y la
mejora de la economía de muchas poblaciones, ¿a qué esperan para
plantearse seriamente intervenir en su recuperación?
Por
supuesto que nosotros también nos alegramos de que la cifra final
haya sido inferior en dieciocho personas, pero paralelamente debió
presentarse un plan de trabajo compartido entre la Dirección General
de Tráfico y el Ministerio de Fomento que permitiera o al menos
facilitara que carreteras como la Nacional IV o A-4, que es la que
mejor conocemos y sufrimos, recuperaran su mejor momento y
permitieran a los usuarios discurrir por ellas con todas las ventajas
que ahora han perdido, especialmente en el apartado asfalto, que
brilla por su ausencia y que interviene directamente en el aumento de
la peligrosidad en la totalidad de los kilómetros que recorre por
nuestra provincia.
Si
hemos sido capaces económicamente de construir aeropuertos
fantasmas, de dotar a las grandes ciudades de vías de salida y
aproximación en forma de autopistas de pago, de aumentar en sumas
supermillonarias las vías del AVE, ¿por qué no se plantean de una
vez plagar el país de obreros y maquinaria en cantidad suficiente
como para que en dos o tres años podamos presumir de un equipamiento
radial que sí que contribuiría a reducir la accidentalidad? La
pregunta quizá no debiéramos plantearla siquiera, porque ya
conocemos la respuesta, pero al menos nos queda el regusto de dejar
constancia de nuestro desacuerdo con la actual política de
carreteras, en caso de que exista, de nuestro país.
