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En el tema concreto de la
violencia machista es evidente que hemos comenzado el año muy mal.
De hecho, enero ha resultado ser un mes nefasto, terrible; nada menos
que ocho mujeres, y una menor de solo diecisiete meses, han sido
asesinadas, como siempre, a manos de sus maridos o compañeros.
Detrás de estos hechos, historias familiares de gran calado, con
menores huérfanos y, lo que es peor, traumatizados para toda la vida
por lo que han vivido. Es más, si comparamos esta cifra con la
estadística anterior, solo en enero de 2006 falleció una más, por
lo que a lo largo de catorce años hemos estado por debajo de las
ocho del pasado mes de enero. Naturalmente, en este detalle estamos
en donde siempre, porque las habituales y tediosas declaraciones de
unos y de otros vienen a reincidir en el manido mensaje conocido: hay
que seguir trabajando por erradicar esta epidemia; necesitamos más
inversión y trabajo más coordinado; las instituciones que
gestionamos hacen todo lo posible para evitar más muertes... Lo
extraño es que invariablemente sean las mismas personas las que
emiten el mensaje, que decimos nosotros si no sería mejor que se
buscaran dos o tres y que entre ellas roten con el fin de que relaten
lo acontecido con otras palabras.
De hecho, si tenemos en cuenta que
la Ley en vigor (Ley Integral contra la Violencia de Género) entró
en vigor en el año 2004 y que desde entonces ha servido de bien poco
porque uno de sus cometidos concretos, que no es otro que frenar los
asesinatos sobre las mujeres, no ha sido conseguido. A lo largo de la
particular historia de los últimos meses de enero vividos, la cifra
de ocho mujeres asesinadas ha coincidido en los años 2003, 2011 y
2012, lo que viene a decirnos que, aunque se hayan introducido
instrumentos para mejorar la atención a las víctimas, se mantienen
los mismos defectos o inhibiciones administrativas conocidas. Si
acaso destacar como éxito rotundo la implantación del teléfono de
asistencia directa e inmediata a las mujeres; el 016, que ya saben
que no deja huella en la factura que emite la compañía y que es
gratuito y anónimo, el año pasado acumuló más de ochenta y dos
mil llamadas. El número de mujeres que usó esta forma de
comunicarse con quienes está demostrado han acumulado más
experiencia en este tema, ya que funciona desde el año 2007, parece
que se mantendrá en los mismos niveles porque el particular calvario
de algunas mujeres sigue siendo el mismo.
Siempre nos quedará la duda sobre
el desarrollo de los acontecimientos que finalmente acaban con la
vida de la mujer, pero sería muy interesante, y quizá determinante
para el mantenimiento de las actuales políticas con las que trabajan
las Admiistraciones, llegar a conocer con rotundidad si la ley
implantada y funcionando desde 2007 ha servido de algo. Es decir, ¿y
si no existiera marco legal desde el que controlar estos asesinatos?
Concretamente, ¿de qué le sirve a las mujeres agredidas,
maltratadas y asesinadas el que exista una ley que supuestamente las
defiende si las siguen matando? Nosotros creemos que, luego de diez
años desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, alguien,
quizá el mismísimo Gobierno, debía haberse preocupado de cómo van
las cosas, de cómo funciona en realidad un texto legal que todo
indica que fue aprobado para la galería y que su efectividad es muy
dudosa. Desde luego lo que no debemos permitir es que se escuden tras
ella para justificar los acontecimientos mientras sigamos sin saber
de su efectividad y de la necesidad o no de una actualización más
realista.
