Digamos primero que estaríamos de acuerdo con sus quejas de ser muy repetitivos. Están en lo cierto. Sin embargo, entendemos que, efectivamente, repetimos el mismo argumento porque no pasa un día en que no nos veamos obligados a plantearles un nuevo caso de corrupción, sea de parte de quien sea, pertenezca a la formación política que les parezca, ostenten el cargo que sea y pertenezcan o no a los más conocidos de la clase política, de esos que andan a diario en las páginas de los informativos y que, por ende, se han entretenido en condenar a los corruptos de sus acciones y que luego, cuando han aparecido como posibles delincuentes, no han dudado en hacerse los despistados, en responsabilizar a sus más próximos de sus deslices o simplemente a negar la evidencia. Con tal situación, acepten al menos nuestra parte de responsabilidad en lo noticiable y compartan con nosotros la parte que nos toca de nuestras obligaciones informativas. Tampoco es agradable para quienes nos dedicamos a esta profesión tan maravillosa vernos obligados a condenar a nadie, a veces sin argumentos suficientes, y relatar la particular historia de cada uno de los deslices económicos que firman algunos políticos de altura.
El tema es que un día tenemos que referirnos a los papeles de Panamá, que ahora sabemos que, además de su canal, poseen cientos de compañías que se dedican a blanquear y guardar el dinero ilegal de medio mundo, y al siguiente a las comisiones que éste o aquél se ha embolsado gracias a su participación en la titularidad de unos terrenos o en pasarlos de rústicos a urbanizables de la noche a la mañana y en la más absoluta de las impunidades. Así, de esta forma tan elemental, cómoda y rentable, las comisiones han posibilitado que sean muchos los políticos que se han enriquecido solo por estar en medio, por ser figura imprescindible en la adulteración de las cosas, porque su firma debía figurar en los documentos legales necesarios para el fraude. Que sí, que sabemos que ustedes conocen el asunto incluso más y mejor que nosotros, pero entiendan que cuando menos son noticia, unas veces por la cantidad y otras por el personaje, y nuestro trabajo reside en compartirlo con quienes tienen a bien aceptarnos como relatadores de la realidad.
Bien, pues a todo esto aún no han sido capaces los hombres y las mujeres que quedan en la política activa de llevar al Congreso de los diputados para su aprobación unas leyes que tendrían un efecto disuasorio inmediato y que estarían directamente relacionadas con la penas que debían ser impuestas a los defraudadores. Cuanta más legislación tengan los tribunales a su disposición, más consecuentes serían sus sentencias. Está claro que, hoy por ti y mañana por mí, la solidaridad de los que han sido cazados con las manos en la masa y los que están al caer, ni se les ocurre sentar las bases que permitirían sentencias ejemplares que sirvieran como freno a tanto desmadre y robo. Una de ellas, con seguridad la más compartida en las redes sociales, que estén en prisión los condenados justo hasta que devuelvan hasta el último céntimo de lo defraudado o robado. Dará igual que sean millones o unos cuantos cientos de euros, porque la finalidad es que sean reingresados en la cuenta corriente de todos los ciudadanos, porque recordemos que la totalidad del dinero que hasta ahora se ha perdido en los cientos de caminos y recovecos que usan estos sinvergüenzas para esconderlo, es nuestro y de nadie más. ¿Sencillo, verdad? Pues comprobarán ustedes que, aun siendo viable y poseyendo una evidente y exitosa fórmula que serviría para frenar a tanto mangante, ningún partido la usará. Por si acaso, suponemos.
