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En
general, aunque muy especialmente de modo personal, todas y todos
deberíamos vigilar con especial cuidado y mimo el asunto de la
decencia. Cierto que si se tratara de algo asumido y compartido
mayoritariamente, ni siquiera hubiéramos conocido grandes obras de
la literatura relacionadas con el tema. De hecho, muchas de las que
hemos conocido a través de series televisivas, de películas o de
libros, e incluso las que hayamos podido vivir de cerca,
sencillamente no existirían. Por lo tanto, quizás no ha sido bueno
del todo el que la decencia fuera algo genético. Lo que sí queremos
dejar claro es que las personas con cargos de responsabilidad, con
poder decisorio, deben hacer gala, y, si es necesario, firmar
públicamente la asunción de sus responsabilidades con las personas
a las que se debe, de una absoluta decencia en la totalidad de las
decisiones que tomen y no menos caer en la tentación de quedarse con
lo que no es suyo. Y aquí queríamos llegar, es decir, estamos a tal
nivel de mangantes por metro cuadrado en España, que habría que
contar a los que quedamos sin meter la mano en lo que no es nuestro
para conocer con rigurosidad el número de los que se han enriquecido
con dinero público. Por el momento, sumados los investigados que
encontramos en Andalucía y en el resto del país, en donde destaca
el Levante español y Madrid, vemos que el robo, presuntamente, ha
sido sencillamente vergonzoso y mantenido a lo largo de los años. En
el caso de nuestra tierra, atendiendo a las últimas noticias que nos
llegan desde la Fiscalía Anticorrupción, que ha aconsejado que se
archive la causa abierta por los cursos de formación porque no han
encontrado causas justificadas suficientes para detectar condenados,
parece que poco a poco se van aclarando las responsabilidades
políticas. Eso sí, luego que hayan sido imputados los expresidentes
Chaves y Griñán. En cuanto a los otros casos, no parece que los
jueces que conocen las causas estén dispuestos a detener los
procesos. Es el tema de las tarjetas de Caja Madrid ahora Bankia, que
ha obligado al fiscal a responder a los abogados defensores de los
encausados que, por mucho que se empeñen en que se declare juicio
nulo, no lo van a conseguir. O la insistencia de la jueza que lleva
el caso de los ordenadores del señor Bárcenas, que ha mostrado
coherencia en cantidad suficiente como para no amedrentarse ante la
presión política que seguro recibe.
Es
evidente que la indecencia entre la clase política es una auténtica
pandemia que recorre a sus anchas el territorio nacional arrasando lo
que encuentra a su paso cual caballo de Atila, el rey de los Hunos,
que donde pisaba no volvía a crecer la hierba. No obstante, dejar
claro que se mantienen las excepciones y que somos conscientes del
daño que este tipo de bochornosos comportamientos ejercen sobre el
resto de compañeros de partido. Son ellas y ellos los que exigen a
sus respectivas organizaciones que apoyen incondicionalmente un pacto
nacional contra la corrupción que no acaba de llegar y que, ejemplos
como el de Rita Barberá, a la que se le ha permitido que ocupe un
sillón en el Senado y que disfrute de un sueldo escandaloso para el
trabajo que desarrolla, y más teniendo en cuenta cómo estamos la
mitad de los españoles, no ayudan precisamente a calmar sus
legítimas exigencias ni tampoco las nuestras. Y como entre nosotros
lo de generalizar es algo muy común, lo de calificar sin control ni
conocimiento a quien se nos ponga por delante, resultan que acaban
pagando personas que tienen a sus espaldas un expediente de rectitud
y de honestidad que para sí quisieran los ahora encausados. Quizá
el único error que hayan cometido ha sido el de implicarse en
política y hacerlo por sus vecinas y vecinos, convencidos de que su
intervención les mejorará la vida. Quizá sería mejor que
optáramos por acudir a un juzgado a denunciar lo que entendemos es
un abuso de nuestros gestores. Cualquier cosa antes de elegir el
camino fácil de la crítica. Haremos bien.
