Difícil no
parecía, al menos desde la perspectiva, las razones y las convicciones de los
reclamantes. Ahora, luego de la sentencia del tribunal de justicia de la Unión
Europea, se confirma que desde luego descaminados no andaban. El hecho de que
se hayan tumbado las pretensiones de los bancos españoles, de no devolver ni un
euro de lo cobrado a sus clientes por la cláusula suelo, es evidente que marca
un antes y un después en su capacidad de presión ante los tribunales europeos
que imparten justicia, algo que España nos sigue quedando lejos, muy lejos.
Naturalmente, el jolgorio entre los afectados es mayúsculo y el bofetón dado a
la banca española no menos, porque la sentencia les obliga a devolver el dinero
cobrado desde el año 2013, y menos mal porque podía haber sido peor si se
hubieran aprobado por los jueces fechas anteriores. De todas formas, entre tres
mil y cinco mil millones de euros supone la factura que les representará a las
entidades bancarias este varapalo judicial, dinero que deberán devolver a sus
clientes en cuanto sea posible, porque aunque no caben más recursos, es
evidente que sencillo no va a ser que se lo reingresen de una vez y en poco
tiempo.
La situación
entre la banca nacional era de tensión contenida conforme se aproximaba la
fecha del fallo del tribunal de justicia europeo, porque no las tenían todas
consigo y porque las noticias que se filtraban no eran precisamente
alentadoras. Y así ha sido. La consecuencia inmediata, la caída en bolsa de las
entidades envueltas en este asunto, que, aunque formaba parte de lo posible,
parece que les ha cogido por sorpresa. Sea como sea, el hecho es que miles de
familias que entiende el tribunal sentenciador que no fueron informadas como el
asunto merecía y que se han visto obligadas a lo largo de estos años a abonar
una cláusula conocida en el argot bancario como del suelo, finalmente ha
resultado un fiasco económico que es hasta posible que algunos bancos acaben
teniendo problemas de viabilidad económica a corto plazo. Por otra parte, esta
sentencia abre las puertas a otros tantos miles de usuarios que han llevado sus
quejas ante los tribunales españoles y que han sido rechazadas sin
contemplaciones, y les invita a plegar velas y trasladarse en busca de comprensión
y justicia en Europa.
Las
consecuencias que sabemos con seguridad que se derivarán casi inmediatamente de
esta sentencia, estamos convencidos de que pasarán en primera instancia por los
empleados de estas entidades, que verán sacrificar sus puestos de trabajo de
manera más rápida. Estaba previsto la desaparición de miles de ellos entre el
año pasado y el que corre, y solo faltaba que hayan sido sentenciados a
devolver la millonaria cantidad de euros para que los damnificados acaben
siendo los que menos culpa o responsabilidad tienen, porque recordemos, como en
el caso de las preferentes de otras entidades bancarias, que este tipo de
ofertas son ideadas por los consejos de administración y el papel de los
empleados es el de vender lo que casi siempre acaba siendo una exigencia
laboral y en donde lo de opinar sencillamente no se admite. Tampoco los
clientes, por cierto, estamos exentos de participar en la recolecta que están
obligados a implantar los bancos, por lo que debemos esperarnos aumentos
significativos en el costo de sus servicios, que ya son de los más alto en
Europa y que no siempre están en relación con lo que recibimos de ellos.
Nos alegramos
por quienes serán resarcidos de un cobro ilegal desde 2013, y lo sentimos por
los que esperaban que el año de devolución se fijara en 2009. Evidentemente,
para las fechas que estamos, a una parte de los implicados les han traído
carbón sus majestades y a la otra un dinero que era suyo y que en ningún
momento debieron desembolsar. ¡Para algo debe servirnos formar parte de Europa!