La sentencia del caso Nòos que conocimos el pasado
jueves, y de la que se han hecho eco todos los medios de comunicación, parece
que solo ha contentado, y no del todo según su abogado, a la infanta Cristina,
que una multa de más de doscientos mil euros la exonera del caso, y aquí paz y
luego gloria. Eso sí, le queda el quemazón que debe suponer el que tu marido
haya sido condenado a seis años de prisión, pero por lo que hemos conocido alrededor
de la sentencia, por las indudables influencias que debe tener el delincuente
real y porque nuestras leyes parecen estar diseñadas específicamente para que
los grandes defraudadores y amigos de lo ajeno salgan de rositas luego de un
juicio de largo recorrido, nos invita a deducir que todo quedará en nada y
desde luego que, de entrar en prisión, “nanai de la China”. De este detalle se
encargará el Tribunal Supremo y, de acuerdo con lo que nos cuentan desde los
centros de opinión más serios, y teniendo en cuenta el cuidado que han tenido
las juezas que han dictado la sentencia para calificar los hechos todos por
debajo de los dos años de prisión, lo dicho: lo tiene todo a su favor para
eludir la prisión. Que luego te enteres de que el joven que hizo unas compras
por valor de setenta y nueve euros y unos céntimos con una tarjeta que había
sustraído previamente, ingrese en prisión por seis años, o los que han escrito
algún chiste o comentario soez o faltón contra alguien en las redes sociales,
sean condenados a penas de prisión, pues oye, qué quieres que te diga, que
cuando menos te invita a pensar que, en contra de opiniones muy concretas y de
gentes muy representativas, la justicia no es igual para todos. Pero ni mucho
menos.
Es lo mismo que está ocurriendo en nuestro
Ayuntamiento con el asunto, parece que claro del todo e intencionadamente
manejado, aunque no inteligentemente, de la contratación del esposo de Encarna
Camacho, concejala de Desarrollo Local por el Partido Andalucista. Tal y como
se ha presentado públicamente, parece que en la Casa Consistorial hasta ahora
nadie había sido colocado de manera irregular. Aunque no es el caso, porque el
recorrido que hemos conocido de esta contratación responde a la rigurosidad más
absoluta, nadie en su sano juicio se atrevería a estas alturas presentarse en
sociedad con las manos limpias pidiendo la cabeza de alguien porque la suya
está impoluta. Suponemos que todo se debe a la mala memoria y que, luego de
recapacitar y de valorar el inevitable daño personal y político que se ha hecho
a una compañera de Corporación, las cosas vuelvan a ser como antes. De no ser
así, con que a alguien se le ocurra soplar sobre los rescoldos más
superficiales encontrará auténticas aberraciones laborales, desde despidos de
personal cuando menos extraños hasta plazas en propiedad superando tribunales
de criticable composición. Es más, con solo comprobar el número de empleados
municipales de hace unos años y los actuales se podría hacer una justa
valoración que, por sí misma, sacaría los colores a más de uno. Dicho esto,
cuando se conoce a conciencia las formas y el fondo, cuando se presume de que
existe intencionalidad en cualquier contratación, oiga, lo mejor es encaminarse
al juzgado de guardia y solicitar el inicio de un expediente que aclare las
circunstancias que han rodeado el asunto. De no ser así, que se entienda en la
calle que lo de menos era el caso y que lo que interesaba era el daño que
pudiera resultar de semejante acusación, es de una elementalidad absoluta.
En definitiva, que comprobamos que desde la
oficialidad hasta la intencionalidad, lo de las leyes y las formas no se llevan
nada bien. Aquí cada uno barre para sus intereses y les importa un pito el daño
que puedan acarrearles a las personas involucradas. En algunos casos se suele
pedir perdón, aunque no con la profusión con la que se hace la denuncia; en
otros ni siquiera se tiene el detalle. Y es que depende y mucho de la ideología
y de la educación de algunas personas.