Si el tiempo no lo impide, el Ministerio de Educación
no consigue finalmente controlar la situación y el Gobierno no mueve ficha, el
próximo día 9 de marzo, a más de un mes vista, se convocará una gran
manifestación y huelga desde el mundo de la educación, es decir, profesores,
alumnos y las familias que crean conveniente apoyarla. Se trata en principio de
una convocatoria muy ofensiva que, aunque desde Educación se insiste en que no
hay motivo para convocarla, desde la comunidad educativa se afirma todo lo
contrario. Por lo tanto, enfrentados como están los dos grupos y teniendo en
cuenta el número de personas implicadas que dependen del sector, la cita puede
resultar ser multitudinaria e histórica por el número de asistentes. Los
sindicatos del alumnado vienen mostrando su disconformidad con los modos y las
formas implantadas para el desarrollo del sistema educativo, sobre el que
mantienen sus dudas sobre efectividad educativa y, más aún, porque aseguran que
en ningún momento han sido ni siquiera consultados para el desarrollo de los
preceptivos reglamentos. Desde el Gobierno las quejas se basan en que
precisamente en estos momentos, justo cuando se trabaja en el logro de un pacto
educativo entre los partidos políticos que permita la tan deseada estabilidad
del sistema, y luego de que el propio Gobierno eliminara las reválidas
aceptando las exigencias del colectivo y la clase política, la convocatoria de
la huelga no parece tener justificación. Es más, entiende que si ya se han dado pasos en buena dirección y con el
objetivo de estabilizar el sistema, no hay razón para la cita del día 9 de
marzo.
Sin embargo, la huelga de Educación sigue en pie y
llega convocada por la plataforma estatal de la escuela pública, que es la que reúne a las asociaciones y
organizaciones del ámbito de la educación en nuestro país, y el objetivo que se
han fijado, con todas las consecuencias y dificultades que hayan de eliminar,
es exigir la derogación de la LOMCE. Si nos retrotraemos en el tiempo, vemos
que fue en 2013 cuando tuvo lugar la última convocatoria de huelga y el
objetivo era el ministro Wert y su rechazada ley. Ahora se hace por lo mismo
pero con otro ministro en el cargo, el señor Méndez de Vigo. Y vemos que, entre
las inviolables condiciones de los demandantes, encontramos que la derogación de la ley debe hacerse por
escrito y en plazos controlados; no recortar más el presupuesto para educación,
y finalmente eliminar la subcomisión educativa, que es el órgano responsable de
Educación y el que recibe la totalidad de las directrices del Ministerio.
Por lo tanto, como decíamos al inicio de este
comentario, Educación en pleno saldrá a la calle con sus reivindicaciones al
completo y con anuncio de apoyo total. Las consecuencias que se deriven de la
presión social que se ejerza es evidente que habrá que esperarlas, pero sí
percibimos que los convocantes acudirán convencidos de que esta batalla, que
les mantiene en pie de guerra desde el momento en el que se planteó su
implantación, la van a ganar. El Gobierno, que anda en minoría y con problemas
para buscar apoyos para sus causas, tiene la obligación de decidir con
objetividad y justicia, y teniendo en cuenta que la manifestación y huelga
parará la máquina educativa del país, lo que la mayoría plantea. De hecho, en
estos momentos la desconvocatoria es lo que persigue el Ministerio, que trabaja
intensamente en convencer a la comunidad educativa de que, antes de llegar a
tan drástica decisión corporativa, conviene hablar y razonar. Ya veremos en qué
acaba esta complicada situación, que recordemos viene de muy atrás y que la
convocatoria de huelga parece deberse a que se han derramado todas las gotas y
llenado todos los vasos, y ya no es posible seguir.