lunes, 13 de marzo de 2017

ALGO HUELE MAL EN NUESTRA JUSTICIA

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Seguro que son percepciones personales y que las sentencias judiciales más conocidas, por esperadas y muy especialmente por quiénes las protagonizan, responden con objetividad y absoluta rigurosidad al delito cometido. Sin embargo, se entiende que no hayan caído nada bien entre la ciudadanía, que también tiene derecho a opinar y a no estar de acuerdo con algunas de ellas. Si tenemos en cuenta que desde la más altas instancias del Estado se nos dijo que la justicia es igual para todos, que luego hemos tenido oportunidad de escuchar esta misma aseveración de parte de  importantes personalidades del Gobierno de la nación, el hecho de que no hayamos conseguido, y que conste que hemos puesto interés de más en ello, interpretar correctamente ninguna de la sentencias de los casos juzgados cuando menos debería inquietar a las dos partes. El caso de las tarjetas “black”, por comenzar por alguno, con implicados de alto nivel y de no menos prestigio social y político, debía haber terminado con algunos de los sentenciados a penas de cárcel, entre rejas. Los añadidos que suelen hacer los tribunales cuando tratan de justificar esta clase de situaciones atípicas, como que no tenían antecedentes, que el delito no exige su ingreso en prisión,  que no existe peligro de huida o destrucción de pruebas, o el que más nos ha llamado la atención, que ambos delincuentes habían mantenido un comportamiento ejemplar durante el juicio, en la calle no sirven para nada. Si acaso, sí, para menospreciar la importante tarea desarrollada por jueces y fiscales. Miren, si el dinero sustraído a la entidad bancaria lo ha sido usando de artilugios más o menos legales, si ha necesitado de la anuencia de sus máximos dirigentes y si finalmente se ha utilizado para algunas de las compras que hemos conocido, algo deberá hacer quien tiene la potestad y responsabilidad legal de castigar lo que es un flagrante abuso de autoridad. Además, si tenemos en cuenta lo que concurre en este caso, con miles y miles de damnificados por las famosas preferentes que siguen exigiendo la devolución de su dinero, la desproporción apreciada por la ciudadanía está justificada. En cuanto a la del señor Urdangarín y toda su corte de implicados, que se siga diciendo que la justicia es igual para todos es casi una ofensa en sí misma y una falta de respeto. Es ahora, en momentos tan concretos, cuando la frase del entonces alcalde de Jerez, señor Pacheco, toma fuerza y veracidad: “En España, la justicia es un cachondeo”. No la hacemos nuestra porque nos parece excesivamente frívola,  pero reconozcamos que algo  huele mal, muy mal, en nuestra justicia. 


Dicho esto, convencidos de que desde esta tribuna solo conseguiremos el apoyo de unos cuantos de ustedes y que es hasta posible que nos granjeemos enemigos con los que no contábamos, nos quedamos con las comentarios a los que hemos tenido acceso en los medios de comunicación en general y los de las redes sociales en particular, según los cuales a los españoles se nos ha quedado cara de panoli ante lo que hemos conocido estos días con respecto a las sentencias judiciales a las que hemos hecho referencia en nuestra Fuente Sorda de hoy. Sobre todo, porque paralelamente hemos sabido de otras mucho más severas cuya causas no solo producen risa entre la ciudadanía, sino estupefacción y no menos preocupación por lo que nos pueda ocurrir a nosotros en cuanto nos excedamos lo más mínimo. Nos queda esperar a que las sucesivas causas que obligan a algunos de los condenados a presentarse ante los jueces de nuevo en poco tiempo, al menos les obliguen a devolver el dinero que han conseguido fraudulentamente. Es más, en la calle existe una compartida teoría sobre el asunto de la corrupción. Es esta: que no salgan de la cárcel hasta que no hayan entregado el último euro robado. En el momento que lo hagan, en libertad sin más. Eso sí, inhabilitados de por vida para cualquier cargo público. Entre nosotros, cualquier defraudador o transgresor de la ley, con solo hacer valer sus derechos adquiridos en las reglamentarias oposiciones que aprobó, con solo reclamar su puesto lo recupera en veinticuatro horas. Y con sueldos demenciales para cómo están los del resto de mortales. Un caso próximo y reciente: el señor Trillo.