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La llegada del verano genera una buena cantidad de
dinero que no la Hacienda pública no ve y que procede de los alquileres de
pisos, apartamentos o estudios vacacionales. Hace unos días, la Policía
Nacional detuvo a unas personas acusadas por una estafa superior a 500.000
euros mediante la técnica de publicar anuncios falsos por internet de
alquileres vacacionales, principalmente en Baleares y en Canarias, a través de
cuentas bancarias abiertas con documentación falsa. Ha ocurrido en Valencia. La
Policía estima que hay más de 300 afectados a nivel internacional, ya que en
las cuentas se recibían especialmente multitud de transferencias e ingresos
bancarios procedentes de países extranjeros. Las investigaciones se iniciaron a
principios de este año, al tener conocimiento los agentes de que personas de
nacionalidad rumana (no podían ser otras) estaban abriendo, en la ciudad y la
provincia de Valencia, cuentas bancarias con documentación falsa. Durante las
investigaciones averiguaron que se trataba de una organización que creaba
distintas páginas web dedicadas al alquiler de villas, apartamentos o viviendas
en zonas turísticas, principalmente en Baleares o Canarias, alojándolas en
servidores de países extranjeros y utilizando documentación fraudulenta. Para
conseguir un mejor posicionamiento compraban a los seguidores de las mismas y
de esta manera los internautas que buscaban un alojamiento para alquilar no
tenían ninguna duda sobre su reputación. Los clientes se ponían en contacto con
el anunciante a través de correos electrónicos, acordando las condiciones del
alquiler y pagaban por adelantado la totalidad o una parte del precio mediante
transferencia internacional a la cuenta bancaria que les indicaban. Una vez
recibido el dinero, realizaban los reintegros de efectivo en cajeros
automáticos de distintas sucursales y lo sacaban de España a través de envíos
por empresas de dinero rápido, directamente y en efectivo en viajes a Rumanía o
a través de transferencias mediante banca por internet. Las víctimas no se
percataban del fraude hasta que llegaban a España y descubrían que habían sido
estafadas cuando el arrendador no había ido a recogerles al aeropuerto como
habían pactado, o cuando llegaban a la dirección indicada, donde no había
ningún apartamento o el que había nunca estuvo en alquiler. Los arrestados
buscaban fotografías de viviendas a través de Internet y creaban anuncios en
otros portales con precios inferiores a los del mercado para atraer la atención
de sus potenciales víctimas. Otras veces atacaban los servidores de las
empresas dedicadas a la oferta de servicios vacacionales, haciéndose pasar por
administradores de estas páginas, y enviaban falsos correos a los anunciantes
reales para solicitarles las claves de acceso, alegando algún problema técnico
en la web de alojamiento, y modificaban los anuncios de modo que el futuro
cliente contase con los arrestados. Los policías averiguaron que captaban a sus
colaboradores entre personas que conocían y pasaban por problemas económicos,
también a través de Internet anunciando ofertas de trabajo como gestores.
