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La crisis catalana sigue acaparando el interés
mediático general del país. Observando los movimientos de los partidos en
general y especialmente los de quienes están a favor del referéndum,
comprobamos que el famoso choque de trenes se producirá de forma imparable en
unos días. Actualmente, entre el discurso político de unos y de otros, se
han colado las decisiones del fiscal
general, que ha venido a decir, eso sí, contundentemente, que los funcionarios
públicos están obligados a respetar las leyes en vigor y que aquellos que no
las cumplan deberán vérselas con las consecuencias lógicas que se deriven de su
actitud. Entre otros, la policía catalana, que supera los quince mil miembros,
además de los que dependen directamente de los ayuntamientos. Por supuesto, todos los funcionarios
públicos, a los que también se les ha recordado cuál debe ser su papel en esta
crisis. Al mismo tiempo, el mundo empresarial, por fin, ha decidido intervenir
y a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio catalana, que
calificó de muy peligroso el momento para la economía de la región, se ha unido
la CEOE diciendo que está a favor del Gobierno porque la consulta que se
pretende es ilegal. En cuanto a las firmas multinacionales instaladas en territorio
catalán, desde su asociación han dicho que están dispuestas a salir de Cataluña
no solo en caso de que se consiguiera la independencia, sino si se mantiene la
inestabilidad económica que padecen. El Banco de Sabadell, de raíces profundas
entre la población, ha dejado claro que trasladará su sede a Madrid si se
consiguen los objetivos de los separatistas. Como ven, y son solo unos
ejemplos, se complica la situación política y empresarial, anunciando que las
consecuencias que podrían derivarse de sus pretensiones tendrían un coste
social y económico de gran calado. De hecho, miles, y aumentando por minutos,
son los ciudadanos del resto del país que han decidido eliminar de su cesta de
la compra los productos que nos llega procedentes de Cataluña, entendiendo que
de esta forma les bajan los humos de prepotencia a los que presumen de
disfrutar de mejores condiciones de vida y, lo que es peor, de una
intelectualidad muy superior a la del resto.
De eso se han encargado algunos de sus líderes y
personajes más conocidos, a los que hemos escuchado decir que hasta el olor de
los españoles les molesta. Precisamente por eso no cuela la piel de cordero que
se han colocado los políticos que luchan por conseguir la cita electoral, que
nos hablan de que todo seguirá igual, de que mantendrán la doble nacionalidad,
de que seguirá igual la libre circulación de personas, que nada de pasaportes y
demás baraterías. Se les olvida, y lo ignoran interesadamente, que la
ciudadanía al completo debe regirse por las leyes establecidas y que violarlas
conlleva una sanción. Es la Constitución la que deja claro que no se puede
convocar un referéndum secesionista en nuestro país y no atender sus exigencias
es cometer un gravísimo delito, que no otra cosa está ocurriendo en Cataluña. Por
el momento, no sabemos si por desconocimiento o interés concreto, ninguno de
los partidos implicados en la consulta popular y la construcción de una república
catalana ha tenido a bien pedir su reforma en articulado tan concreto. Sin
embargo, sería el camino a seguir para la obtención de lo que persiguen con
tanto ahínco, ya que se trataría de conseguir una mayoría parlamentaria y con
ella eliminar lo que, como en el caso que nos ocupa, prohíba la convocatoria de
una consulta electoral con fines separatistas. Lo de tirar por el camino de en
medio es evidente que es inviable, que no es posible e ilegal. Lo que no
acabamos de entender es cómo algunos líderes políticos se han lanzado al ruedo
con bagaje legal tan escaso. O se trata de un injustificado y peligroso afán de
conseguir votos o de un desconocimiento preocupante de lo que debe ser la
convivencia en paz de un Estado.
