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En un país como el nuestro, con un sistema burocrático
muy arraigado y de enorme dificultad para quienes se enfrentan a él, que desde
la Administración central se decida implantar un sistema que salió al mercado
con el nombre de bono social y del que se beneficiarían las familias en riesgo
de exclusión social o con recursos insuficientes para abonar la factura de la
luz, es como si creara una trampa oficializada que solo tenía como objetivo el
obtener el favor de la ciudadanía solidaria. Y justo en eso estamos, es decir,
con cientos de familias peleando en despachos en busca de una salida para lo
que se le viene encima a su familia, un invierno que se anuncia crudo y que
acabará amargándole la existencia. Bueno, y en el caso de Andalucía
afortunadamente no se da con tanta virulencia este cierre a la concesión del
bono al que se accede casi en exclusiva a base de milagros. Con todo, teniendo
en cuenta que censados por el propio Estado se controlan actualmente más de
cuatro millones de personas en la situación exacta que exige la documentación a
cumplimentar para la obtención del bono de electricidad al que nos referimos,
se deduce que las familias que se encuentran en tal situación económica son
también millonaria. Entrando más en detalles, en la fotografía que obtendremos
si tenemos la oportunidad de entrar en sus hogares, veremos que está ocupada
por niños y mayores, que son precisamente los que en mayor medida sufren los
largos períodos de frío que vivimos. Resumiendo, una situación que necesita de
la mano tendida de quienes tienen la obligación y la oportunidad de atender a
necesidades tan concretas y justificadas. El primero, el Estado, que no puede
dejar a su suerte a personas tan indefensas y decide pagar el cincuenta por
ciento del recibo; el segundo actor, las Eléctricas, que no dudaron en reducir
un cuarenta por ciento de la factura, aunque este “detalle” tiene una segunda
lectura, y es que este descuento acabamos pagándolo el resto de consumidores, o
sea, que tanto la reducción del Estado y el de las compañías eléctricas es cosa
nuestra. Por último, los ayuntamientos, que se responsabilizan de un diez por
ciento del total y que, al final de la cadena, son los que mejor gestionan y
los que antes abonan la parte que les corresponde, al menos en una gran mayoría.
La realidad del bono social, por tanto, es que no
alcanza la efectividad para la que se creó y solo ha servido para que parte de
la clase política pueda sacar pecho sin que se le caiga la cara de vergüenza.
El rendimiento que merece decisión social tan beneficiosa para tantos
compatriotas necesitados de paliar parte del frío intenso que padecen en sus
viviendas, cuando no falta de energía eléctrica para encender lámparas y
encimeras, con la seguridad que les ofrece el propio Estado, que es el obligado
a alargar su mano y tendérsela a quienes, por razones de todo tipo, se
encuentran en una situación económica inviable. Aunque estemos habituados a ver
cómo, en general, las instituciones y quienes las rigen se inhiben
descaradamente de sus obligaciones, además de actuar fraudulentamente ante la
ciudadanía, los protagonistas deberían sentarse en el banquillo de los acusados
ante un tribunal que les obligara a actuar de acuerdo con sus propios
postulados y, de no ser así, inhabilitarles de por vida. Personajes de actitud
e intenciones tan definidas y previsibles no merecen ganarse la vida integrados
en las instituciones del Estado.
