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La asociación de examinadores de Tráfico, que desde el
mes de junio anda de huelga de lunes a miércoles en todas las jefaturas del
país, muestra su preocupación en público asegurando que el mismísimo director
general influye decisivamente en agravar el conflicto con una sarta de mentiras inconsistentes que
entorpecen las negociaciones en curso.
Precisamente por esta razón exigen negociar con gestores más
especializados en los temas a tratar y con más capacidad para la comprensión de
una realidad laboral que a estas alturas es la razón del cierre de cientos de
autoescuelas y el despido de otros tantos profesionales. En la página web de
este colectivo leemos un comunicado relacionado con la situación, que la
califica de indigna e impresentable y que valora el encuentro que han mantenido
con el director general de Tráfico con el único objetivo de dinamizar el mal
momento por el que atraviesa el conjunto de las autoescuelas y que hasta el
ahora supone la suspensión de más de 190.000 pruebas en todo el país, una cifra
que, como hemos dicho, ha determinado el futuro de cientos de centros de
enseñanza y el de sus profesores, afectados por la falta de aspirantes a la
obtención del permiso porque saben de los problemas que concurren en la
convocatoria de los exámenes. De acuerdo con el comunicado que valoramos, en
principio el director general de Tráfico no ha dado por finalizadas las negociaciones, aunque sí
dejó claro que la situación ha llegado casi al abismo por la nula intención de
los examinadores de acercar posturas. Observando la realidad del conflicto, en
caso de que continúen los paros en diciembre, desde Tráfico se decretarán la
mitad de los servicios mínimos y se acelerará la incorporación de nuevos funcionarios
que mermen las consecuencias que hasta el momento mantienen detenido el sistema
de exámenes para el acceso al permiso de conducir.
Naturalmente, las declaraciones y las veladas
amenazas, según el colectivo de los examinadores, vertidas y firmadas por la
cabeza visible de Tráfico, no permiten avanzar en la solución del conflicto porque ni tan
siquiera existe una huelga convocada en diciembre ni consecuentemente se
conocen los detalles sobre la misma. El colectivo insiste en que no hay una
huelga convocada para diciembre y que lo que se ha dicho son interesadas
especulaciones con el único objetivo de criminalizar a los examinadores. Al
mismo tiempo, los funcionarios en huelga parcial desde junio denuncian las
cifras dadas a conocer desde la patronal y que valoran como escandalosas, que
aseguran fueron ofrecidas como sueldo mensual del examinador, ya que la
realidad es que un funcionario con 24 años de antigüedad cobra poco más de 1.200
euros y no los 1.600 que dijo el director de Tráfico, al que también recriminan
la oferta de 125 euros mensuales por horas extras encubiertas, ya que la
exigencia es trabajar fuera de la jornada laboral en condiciones nada
favorables. Después de tanto tiempo en huelga de lunes a miércoles, se entiende
que no estén dispuestos a
tolerar ni una mentira más y anuncian que la paciencia y el respeto que han
mantenido a lo largo de todo este período está prácticamente agotado. Desde la
perspectiva de los profesionales del sector, lo que perciben es una peligrosa y
osada actitud de los responsables de la patronal, que suponen una gran
deslealtad y una significativa y preocupante falta de respeto a sus
reivindicaciones, además de una evidente incapacidad para dirigir un organismo
de la importancia de la Dirección General de Tráfico.
