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Todo parece indicar que los
graduados en falso, es decir, los que consiguieron aprobar el máster en la
Universidad Juan Carlos I que convocaba Enrique Álvarez Conde, se irán de
rositas gracias a la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa en contra
de Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Así lo ha entendido hasta la
mismísima jueza instructora del caso, que ha decidido ampliar el perdón del
Supremo al resto de los investigados. Solo queda la causa abierta contra el
catedrático y la expresidenta de la comunidad de Madrid, señora Cifuentes,
ambos por falsedad documental. Por cierto, entre éstos se encuentra la
exministra Montón, que dimitió al ser acusada de plagio. Esto quiere decir que
a partir de ahora podrán presumir de poseer el título por el que habían sido
denunciados y sometidos a pruebas judiciales. No entraremos en si está bien o
no, pero sí dejar claro que los entresijos de las leyes, por una parte, y la
ideología de los jueces que presiden determinados tribunales, acaban proporcionando
una imagen patética de la Justicia.
De hecho, siguiendo con los
ejemplos que nos proporciona, el Estado nos propone, especialmente a los más
pudientes, porque al resto de la ciudadanía lo machaca permanentemente y sin
piedad, que paguemos menos impuestos por el rendimiento del capital. Así, de
bruces nos hemos dado con el asunto de Pedro Duque, el actual ministro Ciencia, Innovación y
Universidades, que, según la noticia difundido por “OKdiario”, su patrimonio lo
gestiona una sociedad patrimonial. Entenderán ustedes que nosotros, legos en
temas de este calado, nos hayamos interesado por conocer en qué consisten este
tipo de sociedades y de ahí que hayamos llegado a la conclusión de que, como
nos decían nuestros padres, que a su vez lo habían escuchado de sus padres y
abuelos, el que hizo la ley, a su lado creó la trampa. Y así, ya que es el
propio Estado el que crea esta figura, lo mismo que las SICAV, que no son otra
cosa que Sociedades de Inversión Voluntaria, es decir, un instrumento de inversión colectiva
que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes. Entre
las ventajas más destacadas, que las operaciones que realizan tributan al 1 %
en el Impuesto de Sociedades. Las plusvalías que generan lo hacen al tipo
fijado para las rentas de capital, esto es: 21 % para los primeros 6.000 euros
anuales; 25 % entre 6.001-24.000 euros; y 27 % a partir de 24.001.
Evidentemente, se trata de un producto
financiero que está al alcance exclusivo de los más ricos mientras que
a nosotros nos tienen perfectamente
controlados y somos los que en realidad sostenemos el aparato del Estado. Dicho
esto, ¿de qué podemos denunciar a los que practican este tipo de evasión fiscal
si están dentro de una ley que les fabricaron a medida? Desde luego, como mucho
de insolidarios, pero debemos entender que su valor más importante es el
capital que atesoran y que lo normal es que a su disposición tengan una
plantilla de especialistas fiscales que les asesoran y les ahorran miles de
euros.
Naturalmente,
si el Estado crea este tipo de sociedades desde las que los ricos aumentan
imparablemente sus fortunas, poco podemos hacer nosotros. Como mucho, y sin
estridencias, practicar el derecho al pataleo. Y eso sí, no duden ustedes que seguiremos
siendo los que ponemos en marcha diariamente las Administraciones del Estado y
hacemos que llegue algo de solidaridad a los que no disfrutan de empleo. Ya
puestos, siéntanse orgullosos. Es lo único que nos va a quedar.
