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Ante la dejadez e inoperancia con la que actúa, en
general, la clase política, asegurar que se ha deteriorado por completo, que ya
no responde a las características para las que se crearon partidos políticos y
organizaciones sindicales, es lo mismo que afirmar que le importa un pito el
bien común, precisamente el objetivo por el que se supone acceden al poder y
para el que se les ha dotado de medios de todo tipo, incluido el económico. Si
no, nos costaría entender que ante sus narices y debido precisamente a su
inoperancia, haya aumentado en cincuenta mil personas el número de las que
viven con menos de 300 euros al mes. Es más, en Andalucía, un ocho por ciento
son pobres de solemnidad. Además, por si faltaba algo, sepan ustedes que
también ha aumentado el número de familias que viven mensualmente con menos de
seiscientos euros. Extraña, con todo, el aparente estancamiento de las buenas
intenciones que a este respecto muestran algunos de los partidos en tiempo
electoral y que han propiciado el mal estado de nuestra economía y muy
especialmente la de quienes, como hemos dicho, malviven con unos cuantos
cientos de euros al mes y cientos de desembolsos a los que atender; entre
ellos, comer, que no es poca cosa.
Naturalmente, si con esta perspectiva como referencia
real de lo que ocurre a nuestro alrededor, vienen los gobernantes de la
comunidad de Madrid y deciden intervenir en los ingresos de quienes piden
caridad en las calles, a las puertas de las iglesias, de los supermercados y
demás, el asunto se torna turbio, endiablado, absurdo y deprimente. Pero así
es: la comunidad madrileña tiene previsto controlar estos atípicos ingresos
porque, aducen, es muy probable que entre las ayudas que ellos le conceden y
las que reciben de la ciudadanía, la fortuna que acumulen acabe siendo
desproporcionada, ¡y hasta ahí podíamos llegar! Es posible que el consejero que
controla los gastos e ingresos de Madrid haya creído las leyendas que suelen
acompañar a estas personas, y que, según las cuales, hayan acumulado una
fortuna millonaria a base de extender la mano y poner cara de estar muy
necesitado, pero eso debía claro que formaría parte más de un sainete o cuento
de hadas que de la realidad en la que se desenvuelven estas personas. Es más,
¿qué pretenden, que los céntimos que reciba los registre en un libro de
ingresos, que lleve un control exhaustivo de gastos e ingresos para obligarlos
a final de año a presentar la declaración de la renta?
No sabemos cómo acabará este penoso asunto y deseamos
que sea un mal sueño, pero mucho nos tememos que la cosa vaya a más y no
tardemos en ver a estas personas portando un aparatito electrónico conectado
con la Hacienda madrileña en el que queden registrados los donativos que reciban
diariamente. La disparatada idea, en principio,
sigue adelante. Entienden que como reciben dinero público, están
obligados a declarar ingresos con el objetivo de conseguir un equilibrio que
permita una distribución más justa. No obstante, el problema será controlar
estos ingresos y, de hecho, este es el detalle que esperamos para poder cerrar
el asunto con algo de credibilidad, porque estamos convencidos de que algunos
de ustedes estarán pensando que hoy no acabamos de aclararnos. Es más, si alguien conoce sistema apropiado,
fórmula desde la que llegar hasta donde el gobierno madrileño quiere, es muy
probable que sea contratado para su implantación y desarrollo. Desde luego, de
lo que sí estamos seguros es que no van a crear un sistema fiable y seguro que controle los
excesos de quienes gestionan la comunidad. Por el momento, ellas y ellos, y no
los indigentes, son los que se han llevado dinero público en forma de mordidas,
de comisiones o de cogerlos del cajón que tenían al lado. Y es lo que decimos,
se puede hacer el ridículo, pero tanto es para hacérselo mirar por un
especialista.
